Comparto la opinión generalizada de que durante los últimos 30 años, en los que los sucesivos gobiernos han estado explotando el petróleo de manera intensiva, los mexicanos no han recibido beneficio alguno de esas explotaciones, con las solas excepciones de los trabajadores petroleros, y especialmente sus líderes, así como de los gobernantes y sus círculos de poder personales. Cualquier reforma que se pretenda hacer en torno a la política energética y a las leyes en la materia, que no asegure un cambio en el destino de los ingresos y, en especial, de los excedentes petroleros, y no haga explícitas las formas y medidas para lograrlo, simplemente no sirve, y debiera ser desechada.
En el discurso oficial se nos dice que los recursos del petróleo se han estado usando en programas de educación, de salud, de alimentación y de empleo, pero antes de la abundancia petrolera también teníamos todo esto, y de mejor calidad, con fondos que se obtenían de los impuestos y de la riqueza de los recursos que nuestro país tiene, y que hoy han sido puestos en manos de unos pocos. Por otra parte, son también muchos los países que cuentan con servicios sociales similares, e incluso mejores, sin tener las enormes riquezas petroleras que México tiene, por lo que este tipo de argumentos no tiene otro efecto que el de reafirmar que las reformas que se plantean deben ser escudriñadas en busca de nuevos engaños.
Comparto también la opinión de miles de mexicanos de que la totalidad de las privatizaciones realizadas en el pasado, incluyendo las del actual gobierno, han sido hechas de manera amañada para beneficiar a unos cuantos privilegiados, trátese de cadenas de radio y televisión, de bancos, de flotas navieras, de servicios telefónicos o de empresas de aviación, como sucedió recientemente con Aeroméxico. Cualquier reforma que contemple o implique la posible realización de actos similares en torno a la explotación petrolera debe ser rechazada de inmediato.
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