¡Bendito seas, EPR!

Gracias al EPR dan 200 mdp más al Cisen

La reaparición del Ejército Popular Revolucionario obligó al gobierno de Felipe Calderón a fortalecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional —que según el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, recibió “debilitado”— e inyectarle 200 millones de pesos adicionales para 2008.

De esta forma, el organismo dependiente de la Segob ejercerá en 2008 más de mil 300 millones de pesos, contra los mil 100 millones que gastó este 2007.

El Cisen sufrió un recorte de casi 40 millones de pesos en sus fondos de 2007, cuando en 2006 tuvo un incremento de 274 millones respecto de 2005, debido a que el pasado fue un año electoral.

Sin embargo, la reaparición del EPR, que se atribuyó atentados contra ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro en julio, a los que sucedieron otros en septiembre en Veracruz y Tlaxcala, que afectaron el suministro de gas en diez estados, obligaron al Ejecutivo federal a replantear las necesidades presupuestarias del organismo de inteligencia.

Figura México entre lugares más peligrosos para periodistas

Reporta la Federación Internacional de Periodistas al menos 134 comunicadores muertos en 2007, de los cuales seis son mexicanos

Al menos 134 empleados de la prensa fueron muertos en la realización de su trabajo durante el 2007, informó el lunes la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

La mayoría de las muertes se registró en Irak, y México figuró entre los lugares más peligrosos para los periodistas.

Irak ha sido el país con más muertes de periodistas desde que comenzó la guerra encabezada por Estados Unidos.

El Medio Oriente fue por mucho la región más mortífera, con 68 muertes, seguido por Somalia, con ocho. Paquistán, con siete; México y Sri Lanka, con seis cada uno, y Filipinas, con cinco, siguen en la lista de la FIP.

En 14 años, el TLCAN apuntaló el dominio de firmas foráneas en México

El atraso ha expulsado en este lapso a 4.5 millones de connacionales, según cifras oficiales

Al paso de cuatro presidentes, dos surgidos del PRI y dos del PAN, la apertura de México iniciada en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consolidó el dominio de empresas extranjeras sobre la economía del país, las cuales han invertido 295 mil millones de dólares; permitió importaciones masivas que sólo en el sector manufacturero han generado un déficit de 200 mil millones de dólares, y posibilitó que los mexicanos más poderosos enviaran 60 mil millones de dólares para depósitos en cuentas bancarias y la compra de acciones de empresas en el extranjero.

México se volcó al campo internacional pero en condiciones poco favorables para impulsar su desarrollo.

Entre 1994 y septiembre de 2007, la economía mexicana registra una tasa de crecimiento anual de 3.02 por ciento en promedio, una de las más bajas en la región latinoamericana, a pesar de que en este lapso los grandes capitales internacionales ingresaron al país 295 mil millones de dólares, destinados particularmente a la adquisición de empresas y bonos de la deuda interna gubernamental.

Con estos recursos, el saldo de la inversión extranjera en México llega a 587 mil 945.5 millones de dólares. Esto es, una cantidad equivalente a 66 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2007, es decir, dos terceras partes del valor de la producción nacional.

El sector más afectado de la economía nacional es, sin duda, el campo.

De acuerdo con informes oficiales del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en el país fue de 1.9 por ciento en los 14 años pasados.

En términos generales, puede considerarse al campo como el más afectado, hasta ahora, con la apertura comercial. La participación agropecuaria en el PIB pasó de 6.1 por ciento, en 1993, a 3.7 por ciento, en el tercer trimestre de 2007.

El saldo de las asimetrías entre las economías de México, Canadá y Estados Unidos se ha observado particularmente en la migración. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), en los pasados 14 años habrían emigrado del país 4.5 millones de mexicanos. Esto, por los niveles de pobreza, la falta de oportunidades y la escasez de inversiones para generar empleos.

Pero este sector no ha sido el único mal parado con la apertura “a la modernidad”. Según datos del INEGI, la tasa de crecimiento de la industria en México fue de 2.97 por ciento anual en promedio a partir del 1º de enero de hace 14 años. En las manufacturas, el área más dinámica de este sector, más de 22 por ciento de los establecimientos que operaban antes de la entrada en vigor del TLCAN, cerraron definitivamente sus puertas.

Cierra 2007 con raquítico crecimiento

Gasolinazo, regalo de año nuevo

El inquilino de Los Pinos cuelga más piedras a cuellos mexicanos

Cierra este 2007, el primero de la “continuidad” y su fatuo lema “para que vivamos mejor” (Calderón dixit), con raquítico crecimiento económico, mínima generación de empleo, pérdida adicional de poder adquisitivo para la mayoría, canasta básica 35 por ciento más onerosa que a inicio de año, fortalecimiento de la concentración del ingreso y la riqueza, mayor presencia trasnacional en la toma de decisiones y aumento sostenido de la deuda social, entre otras gracias.

Ha repetido lo hecho y dicho a lo largo de 25 años por sus cuatro antecesores en la residencia oficial, y, al igual que entonces, el balance real desentona con el triunfalista discurso oficial, cuyo máximo exponente, el inquilino de Los Pinos, lejos de cumplir con el prometido “pago de la deuda social” ha colgado piedras adicionales al cuello de los mexicanos, no sin la ayuda del Congreso, y para el ingrato arranque de 2008 a los mexicanos ha regalado gasolinazo (cuya paternidad insiste en negar) y otros impuestos; inmovilidad gubernamental ante la apertura total del sector agropecuario; un misterioso decreto para “ajustar, modificar y restructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica” (léase incrementos para el consumo residencial), y, de la mano de patrones y “líderes obreros”, un generoso “aumento” al salario mínimo (dos pesos promedio diario), sin dejar a un lado la escalada de precios que todo ello involucra.

Lo bueno de todo esto es que el inquilino de Los Pinos resumió su programa de acción con la frase “para que vivamos mejor” (verbigracia el tortillazo de enero, 35 por ciento de aumento en los precios de la canasta básica y la primera escalada de precios tras la aprobación del gasolinazo; la segunda comienza a partir de mañana), aunque en los hechos 2007 fue un rosario de decisiones gubernamentales diametralmente contrarias a ese lema. Así, habría que preguntarse: ¿qué habría sido del bienestar de los mexicanos si el compromiso del michoacano hubiera sido “para que vivamos peor”?

Padre vergonzante de sus propias decisiones, el inquilino de Los Pinos reiteradamente ha negado su responsabilidad en el gasolinazo (aunque su firma esté estampada en la correspondiente iniciativa de decreto), cuyo efecto desde mañana abonará el camino inflacionario y el deterioro de los bolsillos de los mexicanos.

No culpan a Al Qaeda, culpan a Musharraf

Musharraf es un dictador con todo el apoyo de EU. Esa es la realidad. Por eso, cualquier "condena" de EU de este asesinato suena hueca. Y la población en Pakistán lo sabe.

Qué raro, ¿verdad? La forma en que rápidamente nos presentan la narración. Benazir Bhutto, la valerosa lideresa del Partido Popular de Pakistán (PPP), es asesinada en Rawalpindi, lugar pegado a la capital, Islamabad, donde vive el ex general Pervez Musharraf, y George W. Bush nos dice que sus asesinos eran “extremistas” y “terroristas”. Bueno, eso sí que no se puede refutar.

Pero la implicación del comentario de Bush era que islamitas están detrás del asesinato. Fueron nuevamente los locos talibanes, esa araña de Al Qaeda que atacó a esta mujer, sola y valiente, quien se atrevió a pedir democracia para su país.

Desde luego, dada la pueril cobertura de esta tragedia atroz, e independientemente de lo corrupta que pudo haber sido la señora Bhutto, no nos hagamos ilusiones de que esta valiente dama es ciertamente una verdadera mártir. No es sorpresa que el viejo caballito de batalla de “el bien contra el mal” sea expuesto de nuevo para explicar la carnicería en Rawalpindi.

A juzgar por lo que informaron el jueves la BBC y CNN, quién se hubiera imaginado que los dos hermanos de la ex primera ministra, Murtaza y Shahawaz, secuestraron un avión comercial paquistaní en 1981 y lo llevaron hasta Kabul, donde Murtaza exigió la excarcelación de prisioneros políticos de Pakistán. En el episodio, un oficial militar a bordo de la nave fue asesinado. Había estadunidenses entre los pasajeros, lo cual probablemente explica por qué todos los prisioneros fueron liberados.

Gobierno rico, pueblo endeudado

Recuerdo que durante la histérica campaña presidencial del 2006 del PAN, se amenazaba con que el contrario (AMLO) endeudaría enormemente al país y provocaría una crisis. Y éste es el resultado. Y claro, en materia de seguridad, empleo, crecimiento... Absolutamente nada.

Según el informe de Finanzas y Deuda Pública que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el débito interno del gobierno federal durante el año que termina ascendió a un billón 594 mil 500 millones de pesos (mdp), 47 mil 400 mdp más que el año anterior, en tanto que el externo llegó a 40 mil 800 millones de dólares, lo que, en conjunto, sitúa el endeudamiento total del país en 2007 por encima de los 2 billones de pesos.

El mismo documento señala que al pago de intereses y comisiones vinculados con la deuda pública se destinó 187 mil 143 mdp –es decir, 25 mil 400 mdp menos que en 2006–, mientras el gasto programable –que incluye el pago de nómina del gobierno federal– creció en 167 mil mdp, para quedar en un billón 509 mil 500 mdp, 8.2 por ciento más de lo registrado el año anterior.

La difusión de tales cifras aporta elementos de juicio preocupantes en torno al manejo de las finanzas públicas de la actual administración. En primer lugar, queda de manifiesto que de poco ha servido el proceso de conversión de deuda externa –reconocida como un factor de vulnerabilidad para la economía nacional– en interna: a fin de cuentas, el monto de esta última es absorbido casi en su totalidad por el pago de los sueldos de los servidores públicos. Asimismo, se pone en evidencia que los ahorros obtenidos por la reducción en los pagos de intereses y comisiones de la deuda pública representan una nimiedad en comparación con el incremento anual en el pago de la nómina gubernamental.

Esto último plantea a su vez dos conclusiones: que los ahorros del gobierno son sencillamente inútiles –y seguirán siéndolo en tanto persistan los elevados salarios gubernamentales–, y que la supuesta política de austeridad de la presente administración, que tanto anunció el titular del Ejecutivo federal, que consiste en reducir en 10 por ciento su salario y el de los altos funcionarios, es mera retórica.

Por lo demás, el creciente nivel de la deuda que ha adquirido el gobierno, pero que habrá de ser saldada con recursos de la población, no se ve reflejado en una mejora de los servicios públicos: por el contrario, la sociedad mexicana ha presenciado el dispendio de sus recursos en la puesta en marcha y el mantenimiento de una campaña antinarco con fines mediáticos, supuestamente orientada a mejorar las condiciones de seguridad del país, pero hasta hoy ineficaz, a juzgar por los elevados niveles de violencia que se han mantenido.

Escenario funesto para el agro, por el TLCAN

El futuro del campo y del país no sólo es desalentador, también “abiertamente regresivo”, pues con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nos colocará en una “época negra como la que vivimos hace más de 20 años”, afirmó Rafael Calderón Arozqueta, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco y experto en desarrollo rural sustentable.

Agregó que frente a un Estado que mantiene en el poder al “principal responsable de una negociación con altos costos sociales y económicos para millones de campesinos, como Luis Téllez –actual secretario de Comunicaciones y Transportes–, no podemos confiar en que atienda el llamado urgente a detener la apertura total de las fronteras mexicana a maíz, frijol, caña de azúcar y leche producidos con altos subsidios, lo que sin duda nos plantea un escenario muy preocupante”.

En entrevista con La Jornada, destacó que tras la firma del TLCAN en 1994, “tanto el sector campesino como investigadores nos opusimos a las negociaciones, porque era evidente que México no enfrentaba las mismas condiciones de desarrollo y, peor todavía, los hechos nos confirmaron que no sólo seguimos muy rezagados en cuando a inversión agrícola en comparación con los países más ricos, sino que aquí se intensificó el desmantelamiento del aparato agropecuario, lo que nos coloca en una situación aún más vulnerable”.

Calderón Arozqueta recordó que fue Luis Téllez uno de los principales negociadores del capítulo agropecuario del TLCAN, y a pesar de que “todos sus pronósticos se han venido abajo, no le bastó con enterrar al campo mexicano, después siguió con los famosos Pidiregas o proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en Petróleos Mexicanos, como secretario de Energía con Vicente Fox, y ahora va por las carreteras”.

Esos funcionarios “deberían ser acusados por traición a la patria”, dice

Afirmó que con un Estado que no sanciona a quienes deberían ser acusados “por traición a la patria, no podemos esperar nada. La única propuesta coherente es organizar a los productores independientes para no ceder ni un ápice más la soberanía alimentaria del país, porque ese es el gran reto a partir del primero de enero de 2008”.

Por ello, alertó que con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del acuerdo enfrentaremos no sólo una apertura comercial “en franca desventaja por los enormes subsidios a la agricultura en Estados Unidos y Canadá, también porque este proceso conlleva un creciente abismo entre el campo del norte y el del sur del país, pues los más beneficiados con el TLCAN son los grandes productores del noroeste del país, quienes ya se vieron beneficiados con subsidios y apoyos que les permiten estar en condiciones más competitivas, pues es evidente que en México se piensa más en intereses personales y de grupo, antes que en miles de pequeños productores que viven en condiciones de pobreza”.

Saldos felipenses

...Pero, más allá de los perfiles personales y de la manera en que el cocinero oficial mezcle los ingredientes, el resultado de los guisos felipillos durante 2007 ha sido desastroso. Empeñado en establecer nuevas reglas comerciales para el manejo de la industria del narcotráfico, el esposo de la señora Margarita ha llenado el país de soldados (unos con uniforme oficial, otros, de PFP) y ha hecho retroceder la historia hasta la época de la guerra sucia librada desde el Estado contra guerrilleros y luchadores sociales. La guerra personal que dice librar contra los empresarios de la droga le ha permitido a Felipe amenazar a sus opositores, disminuir las libertades civiles y, con irresponsabilidad histórica extrema, abrir las puertas a los gringos.

El fracaso del calderonismo pretende ser endulzado con las “reformas” logradas en las cámaras federales. A diferencia de Fox, que nada pudo hacer al respecto, el cuñado del cibernético Hildebrando presume de haber conseguido acuerdos entre las fuerzas políticas para diseñar “un nuevo México”. Pero las tales reformas han resultado políticamente costosas (el PRI camaral actúa como si fuera el verdadero gobierno), engañosas (en lo fiscal, los grandes empresarios seguirán intocados y el apretón a los bolsillos seguirá a cargo de pequeños y medianos causantes; en lo electoral, todo se movió para que los nuevos poderosos, los priístas, vendan favores a medios electrónicos de comunicación y manejen los procesos y la justicia electoral a su conveniencia). Así es que, diga lo que diga la propaganda oficial: el primer año de felipismo ha sido de estancamiento, represión y engaño. Otro año perdido.

Aznarización de Repsol: desastre en Sudamérica y ganga en México

Quien esto escribe profesa(ba) una profunda admiración por España (Felipe II, Ortega y Gasset, entre otros), así que no existe ninguna animadversión personal contra esa gran nación desfigurada por la degradante aznarización que la llevó a dos derroteros peligrosos para su estabilidad interna y externa: la adopción a ultranza del modelo neoliberal global, un genuino neocolonialismo y su sometimiento al militarismo anglosajón de la dupla Bush-Blair que desembocó en la catástrofe de Eurasia –y de la que no puede ser eximida la España rijosa del mendaz José María Aznar López, quien, incluso, se dio el lujo de pretender, mediante sus flagrantes intervenciones electoreras, operar “cambios de régimen” desde México (su apoyo delirante a Calderón y a Fox) hasta Venezuela.

La grandeza española radica en reactivar su prodigioso renacentismo humanista y posicionarse como un “puente civilizatorio” entre el sur europeo, Noráfrica, los países árabes y Latinoamérica.

El aznarismo, es decir, el fundamentalismo intervencionalista neoliberal fiscalista español para beneficiar al fracasado unilateralismo bushiano, constituye el suicidio de España, lo cual empieza a permearse con una de sus principales trasnacionales en América Latina, la prácticamente quebrada petrolera y gasera Repsol, que empieza a sufrir las consecuencias de la triple debacle neoliberal global (inminente derrumbe del inmobiliario español), el militarismo anglosajón y la resurrección geoenergética nacionalista, como habíamos vaticinado en Bajo la Lupa (Declive de las trasnacionales petroleras privadas, 27/5/07): ascenso de las empresas estatales y declive de las trasnacionales anglosajonas, ya no se diga de su excrecencia Repsol.

La serie de análisis del rotativo británico The Financial Times (19 y 21/12/07), portavoz del neoliberalismo global, sobre el “Plan de fuga de Repsol” pone el dedo en la llaga en su lamentable estado financiero, después de haber sido sacada a patadas de la parte estadunidense del Golfo de México (¡y hasta de Argelia!), quien ahora está siendo obligada a ceder sus activos en Sudamérica: “la retirada de Repsol de América Latina parece haber iniciado”.

El rotativo neoliberal británico revela la compra de 15 por ciento de sus activos por el financiero argentino-israelí Enrique Eskenazi, cercano amigo de la nueva presidenta Cristina Fernández, con opción de compra de otro 10 por ciento, sumados al 20 por ciento de oferta pública.

La quebrada Repsol se desprende de 45 por ciento de sus activos “en una región que se ha convertido turbulenta desde que invirtió 15 mil millones de dólares en 1999”. La fuga de Repsol es tan dramática que hasta se da el lujo de financiar la compra del mismo Eskenazi.

La restructuración es de pies a cabeza, no sólo se confina a Argentina, sino a toda Sudamérica, donde está a punto de “liberar” 12 mil millones de dólares en activos, es decir, la cuarta parte de su “capitalización de mercado” para invertir en áreas más “promisorias” (¡súper sic!), como el Golfo de México (¡súper sic!), Alaska y Angola. ¿Felipe Calderón pretende rescatar unilateralmente a Repsol de su quiebra financiera? Por cierto, Calderón no cuenta con un mandato claro ni ex profeso para rematar en ganga a Pemex en beneficio de las trasnacionales texanas y españolas. ¿Sabrá que Repsol ostenta uno de los “portafolios más endebles en producción y exploración, raquíticos márgenes de refinación y magros inventarios en proporción a sus competidores”? Peor aún: Goldman Sachs, el mayor banco de inversiones del mundo, reconoce que Repsol exhibe las “más bajas reservas probadas y probables”.

Se deduce que el remate de Pemex por parte del duopolio neoliberal panista-priísta es ideológico y carece de sustento financiero y económico, lo cual redunda en perjudicar a la nación mexicana.

Repsol siempre fue sobredimensionada desde su privatización amañada por Aznar López en España y por Carlos Menem en Argentina: su mediocridad es reflejo de su pequeñez regional que no cuenta con petróleo en su propio país: una empresa enana frente a los gigantes petroleros globales (las anglosajonas, las estatales de la OPEP y Rusia, y hasta Pemex). A este pigmeo energético los neoliberales “mexicanos” pretenden regalarle nuestra riqueza nacional. Mal en Venezuela, de malas en Argentina, peor en Bolivia y congraciada en México: así se pudiera resumir el fanatismo neoliberal del duopolio pirata del PAN y el PRI. Lo grave es que en Argentina y Bolivia, Repsol contaba con más de 50 por ciento de “sus” reservas “ajenas”. La ineptitud energética de España y su neocolonialismo a los antiguos países de América Latina, a quienes vendía espejitos por oro, es lastimoso: produce poco más de 30 mil barriles diarios (cifras de 2004), mientras consume más de 1.5 millones de barriles al día (MBD). Su importación de petróleo es de 1.7 MBD y su exportación es patética: 175 mil barriles. En materia gasera no exporta nada: su producción es de 51 millones de metros cúbicos frente a una importación de 31 mil millones de metros cúbicos (datos de 2005). De no ser por el irredentismo de Repsol, la orfandad energética de España sería trágica, digna de un ensayo de Unamuno.

Las importaciones energéticas de España para su consumo interno provienen en gran parte del norte de África, mientras en una clásica neopiratería explota los recursos energéticos de sus antiguas colonias a quienes ahora les vende espejismos (papel especulativo financiero) en lugar de espejitos. En la etapa aciaga de la desregulada globalización financiera neofeudal, que beneficia exclusivamente a una parasitaria y mediocre plutocracia, Repsol resultó ser la gran compañía española de gas y petróleo en América Latina, donde explota y vende sus recursos ajenos.

La España aznarista constituye una vulgar franquicia de la piratería financiera anglosajona y se ha consagrado de lleno a la especulación (v.gr. la banca y la inmobiliaria): cuenta domésticamente con acciones en inversión foránea directa con 435 mil millones de dólares, mientras sus inversiones foráneas directas en el extranjero (léase: su parasitaria banca y las prácticamente quebradas Santander y BBV) arrojan 509 mil millones de dólares. Sus raquíticas reservas de divisas y oro por 19 mil millones de dólares (¡74 veces menos que China!) delata su consustancialidad pirata.

Los apátridas neoliberales “mexicanos” nos quieren intoxicar en sus locales multimedia sovietizados con la genial “idea” de que México, una potencia petrolera y gasera, debe vender Pemex mediante la privatización clandestina a las trasnacionales texanas y españolas para favorecer los coyotajes triangulados de Reyes-Heroles y del Grupo Tuxpan, donde el castañedista embajador de México en EU, Sarukhán Casamitjana ni pinta, sólo recibe órdenes.

Los patos disparan a las escopetas: Pemex (ranking 40 de la revista Fortune 500 Global) remata sus activos para beneficiar a Repsol (raking 84). Lo más divertido es que una de las favorecidas compradoras trasnacionales, la española pirata y prácticamente quebrada Repsol, presuntamente conectada a los cuñados “incómodos” de Calderón, pertenece a un país que no tiene petróleo ni gas. Ahi luego nos las platican…

Precios de casas en EU caen 6.7% en octubre

Miami, Tampa y Detroit, 12% con respecto al año pasado. Esta crisis no acaba, al contrario, sólo comienza. Octubre es el 23avo mes que los precios de bienes raíces caen en EU. Y hay que recordar que las cabecitas parlanchinas de los medios de "comunicación" mexicanos y el mismo "gobierno" (es un decir), insisten en que esta gravísima situación no afectará a México. De nuevo, ¿apostamos?

Home prices fell in October by a record amount. The Case-Schiller 10 City Composite index fell by 6.7% versus October 2006, according to S&P/Case-Shiller. It the 10th consecutive month of negative annual returns and the 23rd consecutive month of decelerating returns.

"No matter how you look at these data, it is obvious that the current state of the single-family housing market remains grim," said Robert J. Shiller, Chief Economist at MacroMarkets LLC. "Not only did the 10-City Composite post a record low in its annual growth rate, but 11 of the 20 metro areas did the same."

In October, Miami surpassed Tampa on the downside, reporting a double-digit annual decline of 12.4%. Tampa followed with -11.8%, Detroit with -11.2% and San Diego with -11.1%. Six of the metro areas are now posting double digit declines in their annual growth rates. Atlanta and Dallas finally entered negative territory, with declines of 0.7% and 0.1%, respectively, leaving only Charlotte, Portland and Seattle as the MSAs still experiencing positive annual growth rates.

Las pérdidas por la crisis "crediticia" podrían ascender a US$1 billón

Bueno, después de todo parece que no ha sido un mal negocio para los bancos en crisis, ya que se les ha inyectado MAS de UN BILLON de dólares en unos 3 meses. Si esta crisis les cuesta un sólo billón, salen ganando de cualquier manera. Cómo se las gastan los dueños del capital.

THE US economy could be heading into its blackest year since the Great Depression as estimates of losses from the housing slump and sub-prime mortgage implosion reach unprecedented levels.

The latest bank estimate of $US700 billion in losses made this week by Rob McAdie, the UK-based head of credit at Barclays Capital, is $US300 billion more than a headline-grabbing Golden Sachs estimate that jolted US markets just last month.

And it is light years from the $US50-100 billion in losses predicted by US Federal Reserve chairman Ben Bernanke to Congress in July. Expressed another way, the International Monetary Fund and World Bank say only 15 countries have a GDP higher than $US700 billion. Australia was 15th on both lists.

But even estimates of a $US700 billion sub-prime bloodbath may be conservative, with respected finance and economic blog sites like Calculated Risk predicting losses as high as $US1 trillion. The implications for global credit markets of losses of this magnitude would be horrendous, forcing banks and other institutions to slash lending by several trillion dollars.

Censura Canacintra situación del empleo

Contrario al triunfalismo oficial en materia de empleo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) criticó los resultados del actual gobierno y cuestionó que más de la mitad de las fuentes creadas cayeran en la categoría de “temporales”. De acuerdo con análisis del organismo, “el empleo ha sido el indicador macro que no ha tenido los resultados esperados durante la presente administración”. Más aún, la Canacintra pronosticó que la tasa de desempleo abierto se elevará al menos un punto porcentual, al pasar de 3.4 por ciento este año, a 3.5 por ciento de la población económicamente activa en 2008. El organismo que concentra a 42 mil empresarios dedicados a la producción industrial en 95 ramas advirtió sobre la necesidad de que a partir del año entrante “promover la generación de empleo, el progreso y la expansión de actividades productivas, así como fomentar la permanente modernización tecnológica de la industria y la instrumentación de normas para la mayor eficiencia económica en la administración y operación de las empresas”. En materia del empleo, el cálculo de la Canacintra para 2008 de 3.5 por ciento se encuentra cercano a los niveles reportados para noviembre pasado de 3.46 por ciento, según un reporte de la casa de bolsa Invex.

Desempleo, migración y escasez

De acuerdo con las 300 organizaciones participantes de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano Sin Maíz No Hay País, desde que se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, el país ha sufrido las siguientes consecuencias directas:

1. La pérdida de 2 millones de empleos agropecuarios. Además, cada año emigran a Estados Unidos 300 mil personas originarias del sector rural. Diversas instituciones han demostrado que de 1980 a 2002 la migración campesina de México hacia Estados Unidos creció 500 por ciento.

2. La producción de alimentos se estancó y la dependencia alimentaria aumenta cada año, con lo cual se impone una lógica perversa: emigran los campesinos y se importan alimentos producidos en el agro estadunidense, pagando por ellos más de 100 mil millones de pesos anuales.

3. México importa más de 10 mil millones de dólares en alimentos que podrían ser abastecidos por productores nacionales si contaran con el apoyo adecuado.

4. En Sonora la falta de créditos obligó a 70 por ciento de los agricultores comunitarios a vender sus tierras a las grandes empresas comerciales. En el sur del país se redujo a la mitad el número de pequeños agricultores con acceso a crédito, además de que aumentaron considerablemente las tasas de interés.

5. Las importaciones de maíz de Estados Unidos se duplicaron en dos años y el grano se paga a precios inferiores al menos en 30 por ciento del costo de producción debido, en parte, al mayor rendimiento agrícola, pero también por los elevados subsidios estadunidenses.

Festejos del bicentenario: la reforma judicial

La reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados y retocada por el Senado pretende combatir la delincuencia organizada. Para ello establece varios procedimientos que otorgan flexibilidad en materia de detenciones, arraigo y acceso a información confidencial o privada. La idea central es establecer reglas claras que faciliten la investigación y persecución en materia de delincuencia organizada.

Desde luego, los cateos sin orden judicial o la posibilidad de detener a un indiciado hasta por 80 días, manteniéndolo incomunicado mientras dura la investigación, son cambios graves. Pero la reforma judicial los justifica diciendo que sólo se aplicará en el caso de la delincuencia organizada.

Pero, ¿qué se debe entender por delincuencia organizada? En nuestra legislación penal ya existe la figura de asociación delictuosa, pero eso es distinto de la delincuencia organizada. La primera consiste en una sociedad para cometer delitos en general, mientras que la delincuencia organizada se tipifica en la legislación penal alrededor de delitos específicos.

Las consideraciones que pretenden justificar la reforma judicial contienen una referencia a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, firmada en Palermo en 2000. Se pretende cobijar así esta reforma interna y enviar el mensaje de que los cambios propuestos son acordes con las tendencias recientes del derecho internacional. Pero eso es falso. La reforma judicial tiene más parecido con la Ley Patriota de Bush y su Guantánamo que con la Convención de Palermo.

La reforma judicial define la delincuencia organizada como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. ¿Cuál es esa ley? Se podría pensar que se trata de la ley federal contra la delincuencia organizada, aprobada en 1996 (bajo Zedillo). En esa ley se enlistan los delitos que corresponden a la delincuencia organizada: terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, asaltos y robo de vehículos.

Sin embargo, ésa no es la legislación de referencia. La ley en la materia no es otra que la propia Convención de Palermo, ratificada por México y, por lo tanto, parte de la ley suprema de la Unión (según el artículo 133 constitucional). Y aquí yace la esencia del asunto: esa convención tiene una definición que no corresponde a la utilizada en la reforma judicial.

La Convención de Palermo define (artículo 2) como “grupo delictivo organizado” a un grupo estructurado de tres o más personas que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico. Esa referencia al tipo de beneficio que un grupo delictivo pretende obtener es una salvaguarda importante que está ausente de la definición de la reforma judicial. Esto entraña un grave riesgo porque el carácter persecutorio de una reforma constitucional sobre delincuencia organizada podría ser extendido así a muchos otros fenómenos sociales, incluso a movimientos cívicos y de protesta social.

Por si fuera poco, la reforma judicial desliza en la lista de delitos graves, junto con los de la delincuencia organizada, los que atentan contra la seguridad nacional. ¿De dónde viene eso? De la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2005 con Fox. En un alarde de mala técnica jurídica, esa ley dice que por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Ahora sí estamos en el terreno de lo político y las referencias técnicas a la delincuencia organizada stricto sensu quedan muy lejos. Luz verde a la persecución política con ágiles trámites y procesos inquisitoriales.

Sobre delincuencia organizada tenemos en México una interesante lista de episodios. Comienza con el Fobaproa y llega hasta el caso de la conspiración en contra de Lydia Cacho. Pero no son esos casos lo que preocupa a los promotores de esta reforma judicial. Lo que interesa es penalizar los movimientos sociales de protesta y tener carta blanca para cometer crímenes tipo Acteal, Atenco y los realizados contra la APPO.

Todas las instancias de gobierno cuentan con comisiones organizadoras de festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que se va a festejar? ¿La existencia de un Estado democrático en el que predomina la garantía de legalidad para todos? ¿Un nivel de desarrollo económico con bienestar para la población? ¿La reducción de la pobreza a su mínima expresión?

No está muy claro el motivo del festejo, pero un indicio de la fiesta que prepara el gobierno se encuentra en la reforma judicial. ¿Qué mejor que un retroceso de 150 años? De una vez, ¿por qué no eliminamos el juicio de amparo? Digamos adiós a Manuel Crescencio Rejón. ¿Por qué no festejar las leyes centralistas de 1836 y su Supremo Poder Conservador? Después de todo, ahí están los verdaderos precursores de la reforma judicial.

Acuerdos en lo oscurito

Pemex, en la mira

Escalofriante costo de los rescates

Según palabras de sus impulsores, la reprivatización bancaria (1991-1992), y de los bienes nacionales en general, tenía un solo fin: “democratizar” el capital, involucrar a la iniciativa privada mexicana en la conducción económica y proveer al gobierno de recursos suficientes para “resolver” las carencias sociales.

El desastroso resultado es conocido, padecido y pagado por todos, pero no sólo en la banca sino en la mayoría de los consorcios “desincorporados” a favor de empresarios mexicanos que terminaron por ser “rescatados” por el erario y/o vender al capital extranjero, el mismo que ahora ocupa la posición decisoria en la economía que aquellos impulsores originalmente asignaban al capital autóctono.

Pues bien, ahora con la intentona de privatizar el petróleo nacional, de nueva cuenta se escuchan las mismas palabras para “justificar” tal decisión, mientras en lo oscurito se firman “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos legaloides para abrir la puerta, así sea la trasera, al capital foráneo para que clave el colmillo en este sector constitucionalmente reservado al Estado.

Tras los “errores de diciembre” (1994) y el estallido de la crisis bancaria (1995), el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, defendía ante los diputados la iniciativa zedillista para “mejorar la capitalización de los intermediarios financieros”, la que aseguraba, “muy enfáticamente, no propone, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy día (enero, 1995) la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor de 8 por ciento…” Doce años después, Ortiz es el gobernador del Banco de México y extranjera el 90 por ciento de la banca que opera en el país.

Sirva lo anterior para ilustrar qué tipo de “acuerdos”, “alianzas”, “convenios”, “pactos” y demás trucos ha firmado el gobierno para ocultar, según dicen, la privatización del petróleo (aún) mexicano, y para dibujar el panorama con las petroleras trasnacionales “asociadas” con Pemex, el cual también dice que tales “alianzas” no tienen mayor intención que “mejorar la capitalización” y el perfil de la todavía paraestatal.

El experimento bancario mexicano ha tenido un costo (político, económico y social) escalofriante, como también el del rosario de “rescates” de empresas “desincorporadas” (aerolíneas, ingenios azucareros, carreteras, satélites, y las que se queden en el tintero), pero insisten en el esquema, ahora con la joya de la corona y en lo oscurito.

En lo oscurito también se pactó la extranjerización de la banca; en aquellos tiempos Ortiz aseguraba que sólo se capitalizaría a “los bancos más pequeños”; ahora, el director de Pemex afirma que “de corazón” no se privatiza la paraestatal. Sólo es cuestión de tiempo, pero en vía de mientras, va un recuento del Banco Mundial sobre “el papel de los intereses creados en el sector bancario mexicano”, parecidos a los que construyen en el “nuevo” sector petrolero.

Relata el organismos financiero multilateral que el desarrollo histórico del sector bancario mexicano ilustra de manera adecuada las “relaciones simbióticas” entre el gobierno y un segmento de la élite económica del país en tiempos del régimen unipartidista (ratificadas en la “alternancia”). El marco legal erigía altas barreras de entrada, protegiendo así el interés de quienes ya se encontraban establecidos en el sector. Gracias a la limitación de la competencia, los bancos presentaron conductas no competitivas, incluyendo la tenencia de carteras compuestas en su mayoría por acciones propiedad de sus mismos directores y por créditos a empresas, también propiedad de esos mismos directores. Este arreglo limitó la disponibilidad de créditos a la pequeña y mediana empresa sin “contactos” y para las familias y los pequeños agricultores.

Al comenzar la privatización bancaria cuatro instituciones controlaban 70 por ciento de los activos bancarios totales. Tras la privatización, la relajada supervisión gubernamental y una regla contable “especial” que permitía a los bancos ocultar parte de los créditos en cartera vencida, fueron el caldo de cultivo para su colapso final en diciembre de 1994, cuando el peso se devaluó estrepitosamente.

La respuesta gubernamental ofrece una ilustración adicional del grado de influencia de los intereses creados en México, subraya el Banco Mundial. Antes de la devaluación de 1994, la tercera para de los créditos otorgados por la banca estaba denominada en moneda extranjera. Una gran parte de los deudores no recibía ingresos en moneda extranjera. Con la devaluación, se duplicó el valor en pesos de las deudas, los deudores incumplieron y los bancos se declararon insolventes.

El gobierno respondió a la crisis con un “rescate” masivo. En parte, la respuesta del gobierno se orientó a evitar que la economía sucumbiera a un repentino y severo caso de escasez total de crédito a medida que los bancos insolventes cerraban sus puertas. Sin embargo, esta respuesta también mostró una generosidad notable a favor de los intereses creados que no parece haber sido congruente con el interés público.

Los directores bancarios recibieron 20 por ciento de todos los créditos otorgados durante los tres años posteriores al inicio de la crisis (1995-1998). Se otorgaron a bajas tasas de interés, tenían una probabilidad de incumplimiento 33 por ciento mayor y una tasa de recuperación del colateral 30 por ciento menor. Estos créditos no cumplían las condiciones del Fobaproa, pero más tarde esta condición se relajó.

Entonces, el erario se hundió y la banca se extranjerizó. Y colorín colarado, este costosísimo cuento no se ha acabado.

Las rebanadas del pastel

Los que intentan privatizar el petróleo son los mismos que privatizaron y extranjerizaron banca, carreteras, aerolíneas, ingenios azucareros y demás. Así, dada la experiencia, ¿cómo imaginar un “rescate” de Pemex por parte del capital extranjero, sin que éste se lleve las ganancias y el erario las pérdidas?

Chrysler, en bancarrota operativa

Chrysler, forzado a vender activos para mantenerse a flote...

NEW YORK (CNNMoney.com) -- Chrysler Corp., the troubled automaker bought by private equity just four months ago, is scrambling to sell assets amid indications of huge losses, as access to cash becomes increasingly scarce, according to a published report Friday.

"Someone asked me, 'Are we bankrupt?'" the Wall Street Journal quoted Chrysler boss Robert Nardelli telling employees at a meeting earlier this month. "Technically, no. Operationally, yes. The only thing that keeps us from going into bankruptcy is the $10 billion investors entrusted us with."

To raise money, Chrysler is looking to sell over $1 billion in land, old factories, and other holdings, even if it has to let those properties go for under book value, the Journal said.

In an interview with the Journal, Nardelli confirmed the comments and declined to give a financial forecast for 2008, saying only that Chrysler "will make a pretty significant improvement" over the $1.6 billion the company is set to lose this year. The Journal said Nardelli originally hoped to turn a profit in 2008.

The rush to raise capital comes amid constricting access to money as more banks and other lenders face heavy losses related to subprime mortgages.

Crisis podrá hacer que la depresión de 1929 parezca una caminata en el parque

Pero pareciera que en México nada sucede ni sucederá. Según los genios de Hacienda y su prole de cabecitas parlanchinas esta crisis no afectará la economía mexicana. ¿Apostamos?

As central banks continue to splash their cash over the system, so far to little effect, Ambrose Evans-Pritchard argues things are rapidly spiralling out of their control

Twenty billion dollars here, $20bn there, and a lush half-trillion from the European Central Bank at give-away rates for Christmas. Buckets of liquidity are being splashed over the North Atlantic banking system, so far with meagre or fleeting effects.

As the credit paralysis stretches through its fifth month, a chorus of economists has begun to warn that the world's central banks are fighting the wrong war, and perhaps risk a policy error of epochal proportions.

"Liquidity doesn't do anything in this situation," says Anna Schwartz, the doyenne of US monetarism and life-time student (with Milton Friedman) of the Great Depression.

"It cannot deal with the underlying fear that lots of firms are going bankrupt. The banks and the hedge funds have not fully acknowledged who is in trouble. That is the critical issue," she adds.

Lenders are hoarding the cash, shunning peers as if all were sub-prime lepers. Spreads on three-month Euribor and Libor - the interbank rates used to price contracts and Club Med mortgages - are stuck at 80 basis points even after the latest blitz. The monetary screw has tightened by default.

York professor Peter Spencer, chief economist for the ITEM Club, says the global authorities have just weeks to get this right, or trigger disaster.

"The central banks are rapidly losing control. By not cutting interest rates nearly far enough or fast enough, they are allowing the money markets to dictate policy. We are long past worrying about moral hazard," he says.

"They still have another couple of months before this starts imploding. Things are very unstable and can move incredibly fast. I don't think the central banks are going to make a major policy error, but if they do, this could make 1929 look like a walk in the park," he adds.

Turcos bombardean localidades kurdas en el norte de Irak

Y la región se desestabiliza más todavía.

TUNCELI, Turkey (Reuters) - Turkish warplanes bombed Kurdish guerrilla targets in northern Iraq on Saturday in a new cross-border offensive, the General Staff said.

The Turkish military said the offensive against outlawed separatist Kurdistan Workers Party (PKK) guerrillas inside Turkey and across the border in northern Iraq would continue.

"Turkish Air Force warplanes struck important targets of the PKK/KONGRA-GEL terror group in northern Iraq ... between the hours of 14:25-15:00 (7:25 a.m. - 8 a.m. EST)," the General Staff statement, posted on its website, said.

"The PKK will understand through experience that northern Iraq is not a safe place and they will understand once again that they have no chance against the Turkish military," it said.

Turkey says it has the right to use force to combat separatist rebels who shelter in the semi-autonomous Kurdish region of northern Iraq and mount attacks in which they have killed dozens of Turkish troops in recent months.

But the United States and the European Union fear a further escalation in tension could destabilize the region.

La Fed incyecta otros US$20,000 millones de dólares al "mercado"

Llevando el total inyectado hasta el momento a más de un BILLON ($1,000,000,000,000) de dólares puesto a disposición de las bolsas más importantes del mundo, y ni con estas acciones la crisis parece ceder, al contrario, todo indica que viviremos tiempos muy duros en los siguientes meses.

Fed Has Auctioned Another $20B in Funds to Commercial Banks to Combat Credit Crunch

WASHINGTON (AP) -- The Federal Reserve, working to combat the effects of a severe credit crunch, announced Friday it had auctioned another $20 billion in funds to commercial banks at an interest rate of 4.67 percent. Fed officials pledged to continue with the auctions "for as long as necessary.

he central bank said it had received bids for $57.7 billion worth of loans, nearly three times the amount being offered, indicating continued strong interest in the Fed's new approach to providing money to cash-strapped banks.

It was the second of four scheduled auctions. The first auction, on Monday, of $20 billion resulted in loans being awarded at an interest rate of 4.65 percent. There were 93 bidders seeking $63.6 billion at the first auction and 73 at the second.

Two more auctions will occur in early January. In a statement Friday, the central bank said it would continue with further auctions "for as long as necessary to address elevated pressures in short-term funding markets."

The new auction process was announced by the Fed last week in a coordinated action with central banks around the world trying to address a global credit crunch.

Bancos de EU cancelan creación de fondo "de emergencia"

Esto, después de que encontraran "dificultades" para concentrar el capital requerido.

Plans to launch an $80bn (£40bn) bail-out fund for troubled debt-laden investment vehicles hit by the global credit crisis look set to be shelved by the three banks behind it.

Citigroup, Bank of America, and JP Morgan Chase are expected to axe the plan to launch the so-called Super SIV – structured investment vehicle – after the trio had difficulties in raising money for the new fund.

La desocupación en el gobierno del empleo

Con las cifras oficiales (INEGI) recién salidas del horno se puede conocer el maravilloso resultado real del primer año del “presidente del empleo”: en términos netos se generaron alrededor de 53 mil plazas del primer día de diciembre de 2006 al último de noviembre de 2007, una cantidad equivalente a tan sólo el 5.5 por ciento de la que machaconamente para este tema difunde la propaganda de Los Pinos, cuyo inquilino celebra que a estas alturas el “panorama (es) verdaderamente distinto”.

Dicho balance incluye un misterioso descenso de casi medio punto porcentual (equivalente a 210 mil puestos de trabajo) registrado en la tasa oficial de desempleo abierto (que desde mayo no dejó de crecer) del cierre de octubre al último día de noviembre del año que está por fenecer, pero aún con ese ingrediente, y siempre en el mejor de los casos, el citado es el raquítico resultado neto en generación de plazas laborales.

Y subrayo en el mejor de los casos, porque si se considera el resultado del último día de diciembre de 2006 al último de noviembre de 2007 (11 meses), entonces la euforia y la fanfarria se reduce a 4 mil 500 plazas generadas en términos netos durante ese lapso, una cantidad abismalmente alejada de las 960 mil presumidas, un día sí y otro también, por el inquilino de Los Pinos, quien, como en los mejores tiempos de Fox, sólo suma, nunca resta, para obtener la cifra neta.

Cuando el michoacano se instaló en Los Pinos, la tasa oficial de desempleo abierto llegó a 3.58 por ciento de la población económicamente activa; al cierre de noviembre de 2007 fue de 3.46 por ciento, una reducción de 0.12 puntos porcentuales, equivalentes a 53 mil 400 plazas más en términos netos entre la primera y segunda fecha. Al cierre de ese diciembre, la referida tasa fue de 3.47 por ciento de la PEA y de 3.46 por ciento el último día del undécimo mes de 2007. La diferencia, 0.01 puntos porcentuales, igual a 4 mil 500 plaza laborales generadas en términos netos.

De todo 2007, noviembre fue uno de los meses en el que menor generación de empleo formal se registra (98 mil plazas, siempre según cifras oficiales), pero para efectos de la estadística del INEGI ha sido el que mayor descenso observa en la tasa de desocupación abierta: 0.47 puntos porcentuales, igual a casi 210 mil puestos de trabajo. Lo anterior llama la atención, porque desde mayo dicho indicador (nacional y urbano) reportó alza constante hasta que, justo en tiempos del primer aniversario, se hizo el milagro.

Lo anterior, por lo que toca a los resultados concretos del “presidente del empleo”, pero si de promesas cumplidas se trata no puede dejarse a un lado la relativa al “fortalecimiento del ingreso de los mexicanos” (adivinen quién lo dijo). Y como roto va con descosido, ayer se conoció el “aumento” (ni la burla perdonan ya) a los salarios mínimos generales (4 por ciento para las tres zonas geográficas), cuyo promedio alcanza la estratosférica cantidad de 1.96 pesos diarios, o si se prefiere 59.62 mensuales o 715.4 anuales. Entonces, sin ánimo de martirizar a nadie, lo que hoy se compra con un peso 25 años atrás se adquiría con 6 centavos.

Cuatro por ciento de “incremento” para 2008, tras que los precios de la canasta básica aumentaron, en promedio, 35 por ciento a lo largo de 2007, y cuando en diciembre de 2006 esa misma comisión tripartita concedió 3.9 por ciento, equivalente a un peso con 85 centavos, como promedio para el presente año, y así por el mismo caminito a lo largo de casi tres décadas.

De nueva cuenta, pues, en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, gobierno, patrones y “líderes obreros” descaradamente violan la Constitución, pues su “aumento” de 4 por ciento a los mini-mini salarios para 2008 no cumple con espíritu ni letra del artículo 123, que en su fracción sexta establece: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”. Y el mismo 4 por ciento recibieron los salarios mínimos profesionales (de albañil a zapatero, sin olvidar el reportero).

Lo más simpático de todo esto es que, año tras año, el “argumento” de gobierno, patrones y “líderes obreros” (que siempre firman, aunque sea “bajo protesta”) es que el “aumento” al de por sí raquítico mini ingreso no puede ser mayor “para no afectar el sano crecimiento de la economía y el buen desempeño en la generación de empleos”, cuando todos sabemos y padecemos la inexistencia de crecimiento y la falta de empleo.

Así, en la zona A el salario mínimo general pasa de 50.57 a 52.59 pesos diarios (2.02 pesos de “aumento”); en la B de 49 a 50.96 pesos (1.96 pesos “más”) y en la C de 47.60 a 49.50 pesos (1.90 pesos de “incremento”).

Así, en el mismo día dos excelentes noticias que documentan igual número de promesas cumplidas: un exitoso “presidente del empleo”, con resultados aterradores en la materia, y el incuestionable cuan notorio “fortalecimiento del ingreso de los mexicanos”, por medio de suculentos “aumentos” salariales de 1.96 pesos diarios promedio, en medio de una escalada de precios en alimentos y en espera del gasolinazo ya oficializado, por mucho que el Banco de México asegure que en la primera quincena de diciembre la inflación fue de 0.2 por ciento. Por cierto, ¿dónde se abastece el gobernador Guillermo Ortiz, que le sale tan barato?

Entre más violencia, más dura será la reacción del Estado, según Calderón

A mayor violencia, más dura será la respuesta del Estado mexicano para castigar a los delincuentes, afirmó el presidente Felipe Calderón al participar en una ceremonia de fin de año con altos mandos de la Secretaría de Marina.

Durante el acto realizado en la sede de la Secretaría de Marina, el michoacano dijo que la convicción de su gobierno “va mucho más allá de cualquier intento de intimidación o amedrentamiento”...

En su discurso mencionó que “la lealtad y la eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra” que se libra contra el crimen organizado, y recordó que esas organizaciones buscan “mantener su poder mediante la violencia y la intimidación”.

Por ello, dijo: “a mayor violencia más dura será la respuesta del Estado mexicano para castigarlos y también en el caso de este gobierno, de las fuerzas armadas y de millones y millones de mexicanos, nuestra convicción profunda de servir va mucho más allá que cualquier intento de intimidación o amedrentamiento. Haremos que paguen quienes violentan a la sociedad o atentan contra la vida y la integridad de quienes cumplen con su deber”.

Así son las guerras...

Tensión y miedos sociales

Ejemplos: SLP, Celaya, Tonalá

Otro botón escolar de antidemocracia

El licenciado Felipe Calderón suele asumir poses de heroísmo (a buen resguardo) cuando habla de las muertes y la violencia que a lo largo del país, y de manera incesante, e incluso creciente, va generando la ex-traña y sospechosa guerra de reacomodo del narcotráfico que el mencionado Lic. ha convertido en su programa sexenal de gobierno. Ayer, reunido con miembros de la Secretaría de Marina, el Fiscal General de la Nación hizo saber a los activísimos empresarios de las drogas que con violencia cada vez mayor contestará a la que ejerzan las “organizaciones criminales”. En tal contexto acuático, el abogado militar michoacano pronunció una frase de oro (bueno, en realidad, de rojo sangre), al mencionar que esa lucha será de “largo aliento” y se llevará mucho tiempo, recursos y vidas porque… pues, hombre, porque… “así son las guerras”.

El funcionario guerrero, siempre bien protegido por un cuerpo de elite, tiene en esa alocución de tinte dictatorial una excusa que cree excelente para tratar de justificar que día a día los mexicanos sufran los excesos y abusos de cuerpos policiales formados por militares con licencia y por los propios uniformados verde olivo y que, además, se hayan instalado aceleradamente el miedo y la tensión sociales a causa de robos, asaltos, secuestros y otras expresiones delictivas. Todo cabe en el jarrito de la exculpación bélica: así son las guerras. Una guerra que no ha sido autorizada por el Congreso ni cuenta con la aprobación civil mayoritaria. Una guerra que no es sino la expresión de los apetitos de enriquecimiento que sexenalmente asaltan a quienes pretenden negociar co-misiones y repartos y, luego, cuando por incapacidad o perfidia traicionan esos tratos de palabra inquebrantable, se ven amenazados por donantes despechados, y sus espacios burocráticos son alcanzados por venganzas ejemplares.

Basta dar una ojeada a algunos puntos de la geografía nacional para ver que la tal guerra contra el narcotráfico a los primeros que ha abatido son a gobernantes del mismo partido del general Calderón. Da para una buena novela de política y crimen el expediente de Tonalá, Jalisco, y de su presidente municipal acusado de proteger el narcomenudeo y extorsionar a tenderos con maquinitas tragamonedas, y luego conspirar con otros funcionarios para asesinar a un correligionario incómodo. En San Luis Potosí, el gobernador panista Marcelo de los Santos ha convertido la tranquilidad tradicional de la ciudad ca-pital en un escenario de guerra entre zetas y chapos que causó varias muertes por bala a un par de cuadras del palacio de gobierno, el asesinato de dos jefes policiales y un ambiente de zozobra generalizada. En Celaya, de pronto se han multiplicado robos, secuestros y ejecuciones, al grado de que dos menores fueron levantados luego de salir de una fiesta escolar y luego asesinados. Todo ello ha hecho que se haya convocado para hoy una manifestación de protesta en esa ciudad guanajuatense. ¿Así son las guerras? ¿Quién, por qué y con qué facultad declaró esa guerra? O, la tal guerra, inventada, promovida, inducida, ¿es un pretexto para tomar por la fuerza física el control de un país que antes fue tomado por la vía legal (institucional) el 2 de julio de 2006?

Entradas por la puerta de atrás

Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado

A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.

Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.

Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.

Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.

“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.

“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.

“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena...”

Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.

Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.

Cárdenas Jiménez nos reta a guerra, dicen campesinos

Los grupos que integran el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas consideraron “una declaración de guerra” la actitud del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien dijo que “son muy pocas” las agrupaciones que se han inconformado por las reglas de operación de los programas, que ya entregó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los dirigentes campesinos señalaron que las respuestas de Cárdenas Jiménez a los diputados confirman su “autoritarismo y falta de voluntad política para atender la exigencia de que respete la ley de Desarrollo Rural Sustentable y los acuerdos de la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).

“Pareciera que el titular de la Sagarpa está retando al movimiento campesino a tomar medidas extremas; de continuar con esa actitud nos veremos en las calles de las ciudades y en movilizaciones en ejidos y comunidades”, dijo Gerardo Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina ante la CMDRS. Afirmó que la Confederación Nacional Campesina (CNC) se sumará a la postura de vanguardia y solidaridad del movimiento agrario del país.

En el movimiento campesino “hay profunda molestia por la intransigencia del secretario de Agricultura; no acepta que las reglas de operación que entregó a la Cofemer son incongruentes y están muy lejos de las propuestas de los productores. No ha comprendido que dichas normas –vitales para la aplicación de los 204 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente–, donde confluyen todos los programas para el campo de diversas secretarías de Estado, no pueden decidirse en forma unilateral y autoritaria”.

El edil panista de Tonalá, desaforado y desaparecido

Autorizaron al funcionario tomar sus vacaciones a partir de ayer

El regidor Isaías Basalto Lemus se perfila como sustituto del acusado

Guadalajara, Jal., 20 de diciembre. Luego de una sesión legislativa de siete horas, el alcalde panista de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, fue desaforado esta madrugada al aprobarse el juicio de procedencia en su contra, por 23 votos en favor y una abstención.

Vizcarra Mayorga no se presentó a la sesión, a la que envió en su representación a su esposa, Ana Delia García, y aún no se conoce su paradero.

La pérdida de fuero deja al edil sujeto a la acción penal de la Procuraduría de Justicia estatal, que pidió el juicio de procedencia tras integrar una averiguación que involucra al munícipe en el asesinato de su director de mejoramiento urbano, Carlos Romo Guízar –perpetrado en abril–, en delincuencia organizada y en abuso de autoridad. El procurador Tomás Coronado Olmos confirmó que ya se turnó al juzgado séptimo de lo penal la solicitud para que se libre la orden de aprehensión.

En el ayuntamiento de Tonalá se informó que este viernes se realizará una sesión extraordinaria de cabildo para nombrar al regidor Isaías Basalto Lemus como sustituto de Vizcarra Mayorga, quien el sábado pasado recibió autorización para irse de vacaciones a partir del jueves 20.

Los ediles tienen 72 horas para tomar protesta al suplente. Una vez completo el cuadro de 17 regidores (incluido el síndico) se deberá nombrar al presidente municipal interino o sustituto.

Un desafuero anunciado

“Aquí estoy yo de pie, y voy a seguir estando de pie”, dijo Ana Delia García, madre de “cuatro de sus hijos” (de Jorge Vizcarra), quien discutió con policías que le impedían entrar al Congreso del Estado por creer que encabezaba una manifestación de al menos cien personas en favor del presidente municipal de Tonalá.

Entró con la supuesta “representación personal” de Jorge Vizcarra. Se sentó en el centro de la zona de público, y al iniciarse la sesión extraordinaria para el desafuero, a las 18:40 horas del miércoles, se colocó junto al abogado Filiberto Ruiz Gómez (otra sorpresa, pues se esperaba gente del despacho de Antonio Lozano Gracia), luego de entregar la carta en la que afirmaba ser representante de su marido. Se le indicó que su presencia iba en contra de los reglamentos legislativos y volvió a la zona pública.

Comenzó la lectura de más de 300 hojas de relatoría de hechos: un recuento de lo publicado en medios durante meses. Después de dos horas algunos diputados preguntaron si podía obviarse la lectura. La respuesta fue negativa.

Los alegatos comenzaron a la medianoche. El subprocurador A, Jorge Delgadillo, hizo un largo recuento que tardó 42 minutos y no aportó información nueva.

Casi a la una de la madrugada, el abogado Ruiz Gómez presentó una declaración de Omar Fajardo (uno de los presuntos autores materiales del crimen), quien dijo el 26 de septiembre: “Entre Ricardo Sigala y yo planeamos matar a Romo”, y luego leyó otra, de un día antes, en la que Fajardo señaló que el 12 de abril hubo una reunión en un restaurante donde se planeó el “‘supuesto homicidio” (sic).

Los alegatos concluyeron a la 1:06. La única oradora registrada era María Verónica Martínez, quien se manifestó en favor del desafuero. Nadie se inscribió en contra.

A la 1:14 se declaró un receso previo a la votación. Los diputados volvieron a sus lugares a la 1:20 y a la 1:24 el resultado de la votación fue de 23 votos en favor y una abstención, la del diputado por Nueva Alianza Guadalupe Madera Godoy.

Reforma judicial: ¿avance o retroceso?

Al cuarto para las doce, con prisa porque muchos de sus integrantes ya tenían un pie en el estribo y la mente puesta en las vacaciones que tomarían en sus estados o el extranjero, y para colmo con varios parlamentarios alcoholizados por las bebidas embriagantes que se sirvieron esa noche en el recinto legislativo, el Senado de la República aprobó la madrugada del viernes 14 de diciembre las que quizá sean las reformas constitucionales más importantes y de mayor impacto social en los últimos años.

Con la modificación de los artículos de la Constitución 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 73, además de 115 y 173, los senadores —y antes los diputados— pretendieron “actualizar y adecuar” las normas que rigen el combate a la delincuencia organizada. Para eso cambiaron el sentido de artículos de la Carta Magna que consagraban garantías y protecciones especiales a los ciudadanos ante la acción del Estado.

Como síntesis de los cambios constitucionales aprobados por el Congreso y propuestos en parte por el presidente Felipe Calderón, podría decirse que las reformas elevan a rango constitucional todo el régimen de excepción que hasta antes de esas modificaciones sólo era permitido en casos de flagrancia y de delincuencia organizada, y que ahora, bajo el criterio de autoridades como el cuestionado MP y la PGR, podrían ser de aplicación general.

Si en este país tuviéramos una policía eficiente, un Ministerio Público honesto y científico y una Procuraduría regida sólo por criterios estrictos de procuración de justicia, la reforma aprobada sería plausible; de hecho, ni siquiera sería necesaria.

Pero la realidad es que con los cuerpos policiacos que tenemos, con una institución corrompida y prostituida como es el Ministerio Público y con procuradurías que aún están regidas y al servicio de los intereses políticos, las reformas en cuestión se vuelven sumamente delicadas y constituyen, en caso de que sean desvirtuadas en su aplicación en la práctica, una amenaza para la población y sus garantías constitucionales.

El endurecimiento del combate a la delincuencia organizada es una necesidad y un clamor social, pero utilizarlo como argumento para darle facultades casi extralegales al Estado y a sus cuerpos policiacos e investigadores, representa una peligrosa arma de doble filo que se puede revertir y pervertir en perjuicio de la sociedad a la que se quiere defender de los criminales.

Un razonamiento lógico para cuestionar el contenido de esta reforma judicial es que, en la práctica, lo único que hace es generalizar a toda la población los criterios jurídicos y procesales que hasta ahora sólo eran aplicables a lo que se denomina “delincuencia organizada”. Ese tipo de delincuencia está definida ahora en la misma Constitución, en su artículo 16 que la describe como “una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley en la materia”.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue aprobada hace 11 años, el 6 de noviembre del 1996, en el sexenio de Ernesto Zedillo, y es la fuente de inspiración de la actual reforma constitucional. Los resultados, tras más de una década de aplicar aquella ley, incluso con la creación en 2003 de la Suprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la famosa SIEDO, no arrojan precisamente que el fenómeno del crimen organizado haya disminuido; por el contrario, todas las estadísticas y los datos oficiales o no, sostienen que ese tipo de delincuencia se ha fortalecido en el país, sin que el gobierno pueda frenarla o disminuirla.

Si hubiera sido eficaz ese tipo de medidas, como el dotar de más facultades a policías y ministerios públicos, incluso para violentar garantías, ya se hubieran visto resultados y la realidad, 11 años después de que se aplica esa ley, indica lo contrario. ¿Por qué, entonces, habría que creer que llevar esos mismos criterios a la Constitución, con todo el peligro que representan para los derechos humanos, dará resultado?

Lo único que harán con cambios como los aprobados, será colocar a la población en estado de indefensión jurídica y en riesgo de que se generalicen abusos de policías y agentes del Ministerio Público.

Porque el único “contrapeso” que se contempló en las reformas a los enormes poderes que se otorgan a los cuerpos policiacos e investigadores, es la figura de los “jueces de control”, dependientes del Poder Judicial y que se encargarán de revisar y autorizar las solicitudes ministeriales de órdenes de aprehensión, intervenciones de comunicaciones privadas, cateos domiciliarios y arraigos por hasta 80 días. Aún así, no está claro si esos nuevos jueves serán para garantizar los derechos de los acusados o sólo para dar celeridad a las peticiones del Ministerio Público, pues en varios casos se les da la facultad de autorizar cateos, intervenciones telefónicas y hasta órdenes de aprehensión de manera oral y sin documentos oficiales de por medio.

Entre los cambios están la reducción de requisitos para que un juez emita órdenes de aprehensión, pues será suficiente con la existencia del hecho previsto en la ley penal y la “probable” participación del imputado en el acto. Ya no será necesaria “la acreditación del cuerpo del delito” ni la probable responsabilidad del inculpado. ¿Es decir que ahora todos seremos culpables hasta que demostremos lo contrario? ¿Y el principio básico de presunción de inocencia?

El arraigo judicial queda elevado a rango constitucional “exclusivamente para casos de delincuencia organizada”, con la cual el juez fijará el lugar y las condiciones de su ejecución. El procurador general de la República y el Ministerio Público podrán violar el secreto bancario y acceder de forma inmediata a información clasificada o confidencial en materia fiscal, bursátil, electoral, financiera y fiduciaria cuando se trate de investigaciones contra la delincuencia organizada.

Esas y otras disposiciones constitucionales, que pronto pasarán a ser parte del Código Penal Federal, hacen preguntarse si los criterios de los congresistas que aprobaron estas reformas no son los mismos que después del 11 de septiembre del 2001 llevaron a George W. Bush, el cuestionado presidente de Estados Unidos, a promover reformas y leyes en su país que, con el pretexto de combatir al terrorismo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, violentaron todos los derechos humanos y fomentaron la tortura y la intervención del Estado en la vida privada de los gobernados.

La pregunta entonces es de fondo y obligada: ¿avanzamos o retrocedemos con una reforma judicial como la que acaba de aprobar nuestro Congreso?

El Banco Central Europeo "inyecta" $500,000 millones de dólares al "mercado"

Esta es la verdadera dimensión de la enorme crisis financiera mundial. El martes pasado, el Banco Central Europeo se ve en la necesidad de "inyectar" €348,000 millones (unos $500,000 millones de dólares) al mercado en UN día, para mantener a flote ese barco que ya hace agua por todos lados. Si las cuentas no fallan, se han inyectado a los mercados más de UN BILLON de dólares en menos de 3 meses y ni así se ha logrado como mínimo estabilizar las cotizaciones en las bolsas. Esta es una crisis como no se ha visto desde la gran depresión, con consecuencias aún insospechadas.

ECB awards more than 500 bln dlrs in two-week funds

FRANKFURT (AFP) - The European Central Bank said Tuesday it had allocated more than 348 billion euros (500 billion dollars) in a two-week refinancing operation aimed at providing banks with ample credit through the end of the year.

The cash was made available exceptionally at a fixed rate of 4.21 percent, aiming to ease a chronic lack of funds in the money markets where the commercial banks have virtually stopped lending amid fallout from the collapse of the US subprime home loan market.

It was the ECB's most exceptional refinancing operation since it acted in early August to offset the emerging credit crisis sparked by a meltdown of the US market for high-risk mortgages.

The amount was also nearly two times greater than the ECB's estimate of actual refinancing needs of 180.5 billion euros but below the total bids for the funds, which reached 377 billion euros, the central bank said.

The ECB had said Monday it would allow banks to borrow an unlimited amount of funds and would set the rate well below the 4.9 percent levels seen in similar operations over the past few days.

"Specifically, as a minimum the ECB will satisfy all bids at or above the weighted average rate of the MRO settled on 12 December, i.e. 4.21 percent," the bank had said.

Since the US subprime market collapsed, central banks have injected cash into the system in an effort to ensure that the commercial banks continue to extend credit to businesses.

Last week, the ECB, along with the US, British, Canadian and Swiss central banks said they would provide more than 60 billion dollars to money markets over longer periods and under easier-than-usual conditions in a joint effort to get credit flowing freely again.

In its announcement on Monday, the ECB told banks they could have a nearly unlimited amount of funds at the below-market level of 4.21 percent through the end of the year, a delicate time for financial institutions which face increased demand for cash just as they need to close their accounting books.

For its part, the Fed began on Monday an operation to inject 20 billion dollars into the market. The results of that are to become known on Tuesday.

Alarmante, la situación de los derechos humanos en México

La situación de los derechos humanos en México es alarmante y la violación de esta garantía es un asunto de todos los días que cuenta, además, en muchos casos con el consentimiento del gobierno federal, destaca un informe de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD, Marcela Nolasco Pastoriza.

En conferencia de prensa y acompañada por el líder de la Corriente Cívica de este partido, Mario Saucedo, de Eliana García y Othón Cuevas, la funcionaria partidista sostuvo que impunidad sigue siendo la palabra que define la actuación oficial, desde los gobiernos priístas con casos como los de Acteal, El Charco y Aguas Blancas, y recientemente la decisión de la Suprema Corte en torno al caso Lydia Cacho.

“La situación de los derechos humanos en México es alarmante, su violación es asunto de todos los días y cuenta, en muchos casos, con el consentimiento del gobierno federal que, incapaz de brindar seguridad jurídica material a la población, ha sacado a las calles a los militares, a través de la Policía Federal Preventiva (PFP), con el pretexto del combate al narcotráfico, provocando un aumento a las violaciones a los derechos humanos y criminalizando la protesta social”, aseguró Nolasco Pastoriza.

Subrayó que el gobierno de México se encuentra entre los primeros violadores de los derechos humanos del mundo y que las causas estructurales de ello continúan intocadas, como lo muestran los informes de organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los que en sus recomendaciones han insistido en la preocupación por las condiciones de desigualdad en los índices de desarrollo que prevalecen en nuestro país.

Afirmó que la política de los gobiernos de derecha, “sometidos al espejismo neoliberal”, no ha escatimado en el uso de la violencia como medio de control para contener los conflictos, como son los casos de Atenco y Oaxaca.

“Es falso que a Felipe Calderón le preocupen los derechos humanos. Contrario a la realidad, quien usurpa la voluntad popular ayudado por los medios, proclama que busca el desarrollo social y que lucha por los derechos humanos. Como quedó claro en la reciente negociación del presupuesto público para 2008, su interés sólo es cumplir sus compromisos con los grandes capitales que favorecieron su llegada ilegítima al Poder Ejecutivo”, aseveró.

En el caso del Ejército Mexicano, la perredista destacó que los abusos y delitos comunes por parte de elementos de las fuerzas armadas han aumentado en diferentes puntos de la República.

La canasta básica aumentó 35% en el primer año del gobierno calderonista

En ese mismo periodo el salario mínimo se incrementó 4.5% en promedio

En el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la canasta básica del mexicano –integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal– ha subido de precio en 35 por ciento. Así, mientras en diciembre de 2006 una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos mil 103.63 pesos.

Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera, que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México, respectivamente.

De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas inclusive superiores a ciento por ciento.

De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas la harina de trigo, que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre de 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo.

Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre, cuando fue aprobado un impuesto adicional de 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque el gobierno de Calderón Hinojosa pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos.

Así, el encarecimiento de los satisfactores básicos es ya tema de conversación recurrente entre la población que a diario lo resiente en el bolsillo.

Y no es para menos: hace un año, el litro de aceite marca Capullo costaba 17.60 pesos y hoy ya se vende en 25.90 pesos, esto es, un aumento de 47.16 por ciento. Otro alimento fundamental en la dieta del mexicano, el frijol negro, pasó en el lapso analizado, de 9.60 pesos a 18 pesos el kilogramo, o sea, un aumento de 87.50 por ciento.

El huevo registró un alza de 60.54 por ciento. En diciembre de 2006 el kilogramo costaba 9.96 pesos y hoy está a 15.99. Es también el caso de las galletas Marías de Cuétara. El kilogramo costaba hace un año 13.97 pesos y en la primera quincena de este mes se vendía ya en 21.54 pesos, un aumento de 54.19 por ciento.

El kilo de carne molida podía comprarse hace un año en 45 pesos y hoy cuesta 64, un incremento de 42.22 por ciento.

Con los productos de higiene el panorama no es distinto. El pañal desechable Kleen Bebé en el paquete de 40 piezas costaba 71.60 en diciembre de 2006 y hoy cuesta ya 90.38, lo que da una elevación de 26.23 por ciento. El kilo de detergente Roma pasó en el lapso analizado de 12.98 a 18 pesos, lo que representó un aumento de 38.67 por ciento.

Para el consumidor mexicano, 2007 cerrará con un ostensible aumento de precios que impactan en la economía doméstica y donde el anuncio reciente de la Secretaría de Economía de pactar un congelamiento en el costo de 300 productos para los primeros tres meses del año no se vislumbra como una solución para paliar los efectos, ya presentes, de la carestía.

La carestía, desatada

Tan sólo un día después de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo, anunciara la firma de un convenio entre esa dependencia y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos en cerca de 300 productos durante los primeros meses de 2008, para “favorecer la economía familiar” en una cuesta de enero que amenaza con ser agravada por la entrada en vigor del gasolinazo, los precios en las grandes cadenas comerciales acusaron un incremento inverosímil ante la mirada atónita de los consumidores. Por mencionar algunos ejemplos, tan sólo en almacenes de la capital del país el jitomate –cuya alza no representa un indicador contundente de la situación económica actual, pero sí una ofensiva a los bolsillos de la mayoría de la población– mostró un incremento de entre 200 y 300 por ciento; la cebolla prácticamente triplicó su precio y el chile costó cuatro veces más de lo habitual.

Esta circunstancia, aunque desoladora, no resulta extraña en un contexto marcado por el incremento a los precios de artículos antes infaltables en la dieta del mexicano: durante el año que termina, el primero de la administración calderonista, el precio de la canasta básica ha aumentado 35 por ciento. En contraste, las cifras oficiales reportan un alza de tan sólo 3.9 por ciento respecto de la inflación en su conjunto, pero basta con salir a la calle y preguntar a la gente para dar cuenta de que la carestía se encuentra desatada en vísperas de las celebraciones de fin de año: con espanto, se ha visto en los anaqueles que la subida de los precios en lo que va de la presente administración es mucho mayor de lo que oficialmente se reconoce.

Esto evidencia el doble discurso del gobierno federal, que desató el incremento a los precios desde hace meses con el anuncio del gasolinazo, y en días recientes ha exhibido un cariz populista e incongruente al enarbolar una pretendida intención de apoyar los bolsillos de las familias mexicanas, a pesar de que las condiciones actuales han sido propiciadas, precisamente, por decisiones gubernamentales tan desatinadas e insensibles como la aplicación del impuesto a los combustibles.

Del mismo modo, la escalada de los precios da cuenta de la falta de compromiso de los empresarios con los consumidores. Es claro que los dueños de las grandes tiendas de autoservicio buscan allegarse ganancias de último minuto, antes de que se implemente el referido convenio con la SE y para ello aplican aumentos estratosféricos como los mencionados.

Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que la administración pública presente una medida orientada a controlar los precios cuando es claro que carece de capacidad para lograr ese efecto. Tal situación se explica por la visión fundamentalista del libre mercado, propia de los gobiernos neoliberales –que ha derivado en el desmantelamiento de los aparatos de regulación de los precios–, así como por la debilidad que caracteriza a la actual administración ante el conjunto de sus interlocutores, incluidos los que desempeñaron un papel fundamental para que Felipe Calderón accediera al poder, y que encuentra su factor fundamental en el déficit de legitimidad que el presente gobierno padece de origen.

En suma, ha quedado al descubierto que las medidas supuestamente orientadas a controlar los precios en nada ayudan a la cada vez más castigada economía popular. Por desgracia, los efectos provocados por los desatinos gubernamentales van, precisamente, en contra de la población que los padece. A la vista de estos hechos, cabe preguntarse, ¿a quién se quiere engañar?

Pemex buscó dar a trasnacionales proyectos de explotación petrolera

¿Cómo saber cuando Calderón y su "gobierno" están mintiendo? Cuando abren la boca. Cuántas veces han dicho que PEMEX no se privatiza... Y lo dicen descaradamente, hipócritamente, sabiendo que sus planes son totalmente lo contrario.

Evidencias de que en una reunión de trabajo se revisaron plazos para que esas firmas participaran además en exploración y mantenimiento

Existen evidencias de que Pemex Exploración y Producción (PEP) efectuó en diciembre de 2006 una reunión de trabajo para revisar los plazos en que entregaría a compañías petroleras trasnacionales cinco proyectos de exploración y explotación de campos marinos y terrestres, así como el mantenimiento y la operación de los ductos.

Lo anterior se desprende de la resolución 3909/07 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), emitida por el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, y en la cual PEP admite que, efectivamente, en esa fecha se realizó la reunión denominada Áreas de oportunidades y metas 2007, en la que participaron “diversas personas”, pero alega que nada quedó por escrito.

Así se consigna en el recurso, tras el informe entregado al comisionado Guerrero: “La unidad administrativa correspondiente (la Subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución) indica que no existe ningún documento que se haya generado con el título que señala en su solicitud, el cual coincide con el nombre que se dio a una reunión de trabajo celebrada a fines de 2006, la cual se desarrolló bajo la mecánica de exposición verbal y limitada a cuatro minutos de participación de diversas personas (cuyos nombres y actividad se omiten), y que además no se generó tampoco versión estenográfica”.

Ante la evidencia, el comisionado ordena a PEP realizar una búsqueda “exhaustiva” en todas y cada una de sus unidades administrativas de cualquier documento que se haya generado en dicha reunión.

Y no sólo ello, también ordena a la paraestatal que entregue al solicitante cualquier información o documento relacionado con el tema en cuestión.

Por documentos –precisa el IFAI– se entienden, según la Ley Federal de Transparencia, “expedientes, notas, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, co-rrespondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o actividades de los sujetos obligados (dependencias federales) y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Incluso, los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.

La trasnacional Shell explorará el campo petrolero de Chicontepec

¿Cuántas veces el "gobierno" mexicano presente y pasado ha negado la privatización de los últimos sectores propiedad de la nación? Claro, todo ese tiempo sólo han mentido descaradamente. El proyecto es claro, quebrar a PEMEX para poder entregarlo al capital extranjero.

El Proyecto Margarita, parte de una estrategia mayor, en espera de reforma constitucional

La paraestatal niega la existencia de ese plan, pero admite que en septiembre firmó un contrato

Una división de la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell logró un convenio con Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que capital extranjero participe en la industria energética nacional.

Información entregada a La Jornada reveló la existencia del Proyecto Margarita, acuerdo entre ambas partes de carácter confidencial, llamado así por la propia trasnacional. Para proporcionar recursos a este proyecto, Shell Internacional Exploración y Producción formó un grupo de trabajo, que tiene su base en unas oficinas en Houston, Texas.

Pemex rechazó que exista el Proyecto Margarita, aunque confirmó a este diario que hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell, con varias cláusulas de carácter confidencial. La paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de seis meses y que tiene entre sus objetivos estudiar en conjunto opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y más específicamente pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos.

La Jornada solicitó a la casa matriz de Shell, en La Haya, Holanda, información acerca del Proyecto Margarita.

La trasnacional no contestó a las preguntas de este diario, las cuales remitió a su oficina en la ciudad de México, la cual respondió que el convenio que existe con Pemex fue firmado en julio de 2004, fecha diferente a la informada por la oficina de comunicación de la paraestatal.

Regreso a México

La información sobre las actividades de la trasnacional, proporcionada por ingenieros de Pemex que han tenido acceso a los documentos confidenciales, señala: “Shell Internacional Exploración y Producción (SIEP) está tratando de reingresar en México. Pemex, la compañía petrolera nacional, está esperando que la Constitución mexicana sea cambiada en un futuro próximo para permitir la participación extranjera en los negocios petroleros de México.

“En preparación para ese evento, Pemex ha acordado con SIEP proporcionarle información sobre su campo Chicontepec, para que SIEP pueda desarrollar y proponer un plan de re-desarrollo si le fuera adjudicada alguna posición, aun desconocida, para realizar actividades de explotación en el campo petrolero Chicontepec. Este trabajo ha sido denominado Proyecto Margarita y es confidencial”.

Desde la posición de Shell, este proyecto consiste en tratar de poner “un pie en la puerta” para regresar a México, y el plan de redesarrollo es para demostrar cómo la trasnacional podría ser socio elegido apalancando la experiencia de su grupo. Para proporcionar recursos a este proyecto, se ha formado un grupo interdisciplinario, que tiene su base en las oficinas de Woodcreek de Shell en Houston, según la información entregada a este diario.

Los informes precisan que los ejecutivos de Shell Kara Floyd, Le Cong Le, Peter Stoffels, Jaap Veldkamp, Hon Chung Lau y John Pierce son ya parte del personal técnico que está involucrado en el Proyecto Margarita, que tiene por objetivo el regreso de Shell a México para realizar actividades de exploración y explotación en Chicontepec.