El Plan México que vienen negociando en secreto los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón se inscribe dentro de la tendencia hacia la militarización y trasnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada e impuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se suma, ahora, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”. Tal tendencia contribuye al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales militarizados, similar al cumplido durante las dictaduras del cono sur y que provocó su desprestigio y condena por la dramática incidencia sobre los derechos humanos. La “guerra a las drogas” facilita una intervención de las fuerzas armadas en cuestiones domésticas con eje en el “enemigo interno” y el (re)establecimiento de alianzas militares bi y multilaterales bajo el control del Pentágono, al amparo de una redefinición dudosa de la “seguridad continental”, supuestamente amenazada por el narcotráfico.
La experiencia del Plan Colombia ubica a ese país sudamericano como un laboratorio reproducible y exportable. México, que durante la guerra fría constituyó una excepción –junto con Cuba, por otras consideraciones– en cuanto al tipo de las relaciones del Pentágono con los países del área, parece estar próximo a dar vuelta la página y encaminarse a acentuar la dependencia militar de Estados Unidos e incluso aceptar, mediante la tercierización o mercenarización de la asistencia, la participación de militares estadunidenses en los programas de ayuda. No sólo eso, sino que, como anticipó el procurador Eduardo Medina Mora, el pacto con Estados Unidos “será más importante” que el Plan Colombia.
De concretarse, la ejecución del Plan México abonaría la teoría de que el país vive un larvado proceso de militarización del Estado, avalado por Washington. El plan, que entre sus objetivos de corto plazo contempla aumentar de manera significativa la ayuda estadunidense para fortalecer los sistemas de telecomunicaciones y el monitoreo del espacio aéreo de México, es parte medular del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), suscrito en 2005.
El ASPAN es el TLC militarizado. Fue diseñado por el gobierno de Washington y grandes corporaciones del complejo militar industrial para afianzar y profundizar el largo proceso de integración silenciosa y subordinada de México y Canadá a Estados Unidos. El objetivo estratégico es la construcción de Norteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington. México y Canadá quedaron integrados de facto al llamado “perímetro de seguridad” de Estados Unidos.
Y lo que es peor: el ASPAN funciona con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. ¿Si es la panacea y generará prosperidad, por qué la agenda del ASPAN es cerrada, semisecreta? ¿Por qué la información sobre los contenidos del ASPAN está clasificada? ¿Por qué no hay rendición de cuentas pública? La agenda del ASPAN es secreta, porque bajo la cobertura gubernamental son las grandes empresas las que llegan a acuerdos, mientras los gobiernos funcionan como meros facilitadores de los designios del gran capital privado.
El Plan México ya se está aplicando aquí. Su avanzada es la empresa Verint Technology Inc., subcontratada por el Departamento de Estado para que realice tareas de espionaje en el territorio nacional. Se trata de un caso concreto de tercierización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo. Según denuncias recogidas por La Jornada, la empresa neoyorquina especializada en inteligencia y constituida por ex militares del Pentágono y ex agentes de la FBI, funciona en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (IEDO), en la colonia Guerrero. Su misión es monitorear o “captar” todas las comunicaciones privadas (correos, chat y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas) con el pretexto de combatir “el crimen organizado y el terrorismo”.
La Verint se rige por los lineamientos impuestos desde la embajada de Estados Unidos en México en el contexto de un proyecto del Buró Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley del país vecino. La PGR hace la “talacha” y Estados Unidos se queda con la información producto del “espionaje de cuello blanco” que realizan “contratistas privados”. Por esa vía, el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense acentúan la dependencia de México en un área sensible para la seguridad nacional. La puesta en práctica del Plan México, con el monitoreo del espacio aéreo mexicano y el control de las telecomunicaciones, incluidos labores de escucha telefónica y el adiestramiento in situ de policías y militares en materia de terrorismo, sumado al nuevo protagonismo de las fuerzas armadas en la vida nacional, permite conjeturar acerca de una “colombianización” de México.
Dada la gran asimetría con Estados Unidos, la trasnacionalización y militarización de los “esfuerzos conjuntos” impuestos por Washington mediante la presión y el chantaje significan para México una mayor cesión de soberanía. De allí que sería deseable acabar con una conceptualización del problema de las drogas y la delincuencia organizada en término de “guerra”, y por extensión de la supuesta “amenaza a la seguridad nacional o regional”. Cualquier tratado o convenio, formal o informal, de cooperación internacional militar, policial o judicial, a nivel operativo o de inteligencia, debería sujetarse por lo menos y previamente a una discusión y decisión parlamentaria abierta y de cara a la opinión pública.
