Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió acciones por un equivalente a 4.94 por ciento del capital social de la trasnacional española de la energía Repsol YPF. Con esos títulos, y mediante una firma constituida por la paraestatal en el ducado de Luxemburgo –un territorio europeo considerado por el Grupo de los 7 (G7) como “paraíso fiscal”, la administración de la empresa mexicana realizó, entre 2003 y 2004 –mientras el hoy presidente Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del consejo de administración de la empresa–, operaciones que el auditor superior de la Federación considera al margen de la normatividad vigente y con probable daño al patrimonio público.
En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2006, último año del gobierno del ex presidente Vicente Fox, divulgado el miércoles pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pide al órgano de control de Pemex fincar “posibles responsabilidades” a los servidores públicos que en 2003 y 2004 realizaron una operación de intercambio de acciones que Pemex poseía en Repsol YPF, que involucró mil 373.7 millones de dólares, y que contravino el artículo 126 de la Constitución y el 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
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