El combate a la corrupción no se agota con la denuncia ni con investigaciones gubernamentales como ha sucedido hasta ahora en Pemex.
El cordobés Juan Bueno Torio, quien se atribuye los votos que Vicente Fox ganó en Veracruz durante las elecciones presidenciales de 2000, fue recompensado con la gerencia de Pemex Refinación, de la que salió más acaudalado de lo que ya era.
Su espectacular enriquecimiento en el gobierno “del cambio” —de beneficiarios— ha dejado las huellas digitales tanto en su participación en compañías favorecidas con contratos y servicios como en una infinita variedad de empresas e inmuebles muy rentables para su padre Juan Bueno Lázaro, sus hermanos, cuñados, cónyuge y él mismo.
PGR, Auditoría Superior de la Federación y Pemex mismo indagan todo lo anterior cuando menos desde mediados de 2006. ¿Cuánto tiempo más hace falta para que presenten los expedientes ante un juzgado? ¿Cuántas pruebas?
Lo sucedido en otros casos como el de Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana muestran el porqué del escepticismo ciudadano cuando el gobierno habla de combatir la corrupción.
Mientras los implicados no sean llevados ante el juez —ya sea por fueros o tortugismo oficial— ni las reglas que permiten tales abusos sean cambiadas, será difícil atajar el argumento de que basta con eliminar la corrupción en Pemex para que la empresa salga de su actual crisis.
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