Y apenas ayer nos despertamos con la buena nueva de que los señores diputados eliminaron del texto de la mentada reforma el párrafo maldito que autorizaba a las policías del país el allanamiento impune de nuestros domicilios particulares, con la misma brutalidad de siempre, pero ahora bajo el amparo de la Constitución. Un ajuste que no podemos dejar de reconocer y hasta aplaudir, pero que es un engañoso espejismo. Ojo: la reforma judicial de inminente aprobación sigue siendo un retroceso en las materias sustanciales de derechos humanos y garantías individuales. Y el hecho de que se haya eliminado la parte más grotesca y “espectacular” no la hace más sensata. Seguiremos sin tener un país más justo. Pero tendremos un país más duro.
Aun reconociendo que muchos legisladores obraron de buena fe en la rectificación, escuchando sensiblemente las voces de protesta, sería muy ingenuo ignorar que como bloques de partidos evaluaron los costos políticos y decidieron meter reversa. No es del todo exacto que digan ahora que la retracción se debe “a que la medida generó una gran polémica”. No. Lo que hubo es un rechazo unánime a un atropello tan evidente como abusivo. Lo único bueno es que, por ahora, se evitó. Lo malo es que en la reforma se quedan leyes que son verdaderos agravios: el rompimiento de la privacidad mediante el acceso total de autoridades a datos personales y bancarios de cualquiera a quien consideren sospechoso; la introducción de la figura del arraigo hasta por 80 días; la extensión de dominio y una serie de nuevas atribuciones y facultades extraordinarias al Ministerio Público y cuerpos policiacos. Un paquete explosivo dada la corrupción maloliente que caracteriza a nuestros órganos de justicia y las prácticas de barbarie de policías municipales, estatales y federales. En suma, un endurecimiento autoritario que no puede sino ser una señal inquietante para el país.
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