¿Dónde están los estadistas mexicanos? ¿Dónde están los que protegían a capa y espada los recursos? ¿Dónde, alguien con el valor de Cárdenas en 1938, por ejemplo? Sólo tenemos vendepatrias.
En una atmósfera de impunidad, a pocos asombra que el Ejecutivo y el PAN actúen, por la vía de una “reforma energética”, como “cabilderos” de consorcios nacionales y extranjeros, que andan tras el sector de energía del país –sometido ya a una ilegal privatización de facto–. La iniciativa “privatizadora” (término que no le gusta a Rubén Camarillo, que impulsa en el Senado esos intereses bajo la rúbrica de la “modernización”) fue endosada por el senador Francisco Labastida, del PRI, presidente de la Comisión de Energía, adoptando términos y argumentos usados por el Banco Mundial en los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox.
Samuel Aguilar, siguiendo aquel guión que desembocó en la “reforma integral” de bancos y ferrocarriles, ahora nos asegura que se procederá “sin tocar ni el artículo 27 constitucional” o “los derechos de los trabajadores y su sindicato”, para gran consuelo de todos los que atestiguamos cómo Fox y ahora Calderón, al tiempo que intensifican la agresión fiscal contra Pemex, abren puertas a grandes firmas contratistas tipo Halliburton, Shell y su subsidiaria P/GSI, que “ahorita” codician el activo integral Ku Maloob Zaap.
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