Negocios de familia

Suegro de Mouriño prospera

Contratos por 550 millones

Diezmos contratistas en Campeche

El presente año pinta mejor que nunca en Campeche a los familiares políticos de Juan Camilo Mouriño. En los primeros dos meses, Constructora Escalante y Construcciones y Materiales Peninsulares, empresas del suegro del actual secretario de Gobernación, ya han conseguido contratos de obras del gobierno calderonista por al menos 550 millones de pesos. Empresarios locales que no tienen parientes en el gobierno hispano-mexicano aseguran a esta columna que las firmas de Eduardo Escalante, padre de la esposa de Juan Camilo Mouriño, sólo consiguieron contratos federales por unos 180 millones de pesos en 2006, aunque el monto alcanzó unos 350 millones de pesos durante el primer año de ejercicio administrativo del binomio FC-JC (por cierto, esta demostración inaugural de favoritismo sexenal, en 2007, generó protestas de otros constructores locales a quienes parecieron totalmente amañados los procesos de adjudicación a la Primera Familia de Campeche. Por esa razón fue sustituido el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad).

La familia Escalante es la principal constructora de Campeche y sus negocios han florecido con gobernadores priístas (el despegue se dio con Eugenio Echeverría Castellot) y con panistas ocupantes de Los Pinos. Pero, según los denunciantes, desde que llegó J.C. Mouriño al poder (por la vía indirecta) hay una abierta predilección por las empresas familiares, sobre todo en la mencionada delegación de la SCT. “Es una historia parecida a la de Facopsa, la empresa mediante la cual Cosme Mares fungía como prestanombres de los Fox. En Campeche no se asigna un contrato federal si no es aprobado por Carlos, uno de los hermanos de Juan Camilo que al estilo clásico de los Salinas o los Bribiesca cobra porcentajes a los interesados en asignaciones o concursos”, explican los empresarios que además narran con gran detalle la historia del enriquecimiento acelerado de los Mouriño, siempre involucrados, dicen, en situaciones irregulares. Una de ellas, la más famosa en la entidad, es el suministro de menos gasolina de la marcada oficialmente en las bombas surtidoras, maniobra clásica que ahora será castigada con multas y cárcel, según reformas aprobadas ayer en el Senado.