Asuntos comprometedores pueden ser ocultados en violación a la ley de transparencia
En el gobierno de Felipe Calderón los servidores públicos han encontrado la coartada legal por excelencia para eludir la entrega de información sobre asuntos comprometedores: la declaración de “inexistencia” de documentos y/o registros oficiales.
De la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en 2003 a la fecha, ese tipo de omisiones ha crecido en promedio 65 por ciento anual; sólo en agosto pasado se tenía un acumulado de 10 mil declaraciones de inexistencia, según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, destaca que las cifras podrían ser mayores, pues las actuales “están subestimadas”. En un análisis, indica que se desconoce el número real de inexistencias porque “los sujetos obligados (más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal) contestan con frecuencia a través de un oficio, como si fuera respuesta positiva, donde en realidad confiesa que lo solicitado no existe”.
De esas inexistencias, Guerrero comenta que crecieron 122 por ciento en 2004 con respecto a 2003; 71 por ciento en 2005, 50 en 2006 y 30 por ciento en 2007. Aunque aparentemente se han reducido, “la falta de documentos también es causa creciente de quejas. Tan sólo el año pasado creció en 70 por ciento la cifra de recursos interpuestos ante el IFAI por la respuesta de inexistencia”, destaca Guerrero, reconocido por su labor en favor de la apertura y difusión de información gubernamental.
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