Con la iglesia (o, al menos, con su área de mayor sensibilidad, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social) ha topado el colonizado gerente formal de la sección mexicana del norteamericano Tratado de Libre Comercio (TLCAN). A contrapelo de la actitud falsamente técnica y políticamente insolidaria del licenciado Calderón, ayer se dio a conocer un mensaje de los obispos integrantes de la antes mencionada comisión pastoral en la que se expresan tesis precisas en defensa de los indígenas y campesinos que resultarán afectados con la desgravación arancelaria del capítulo agropecuario del TLCAN.
El párrafo tercero de ese mensaje expresa preocupación por “esta apertura comercial que, aunque beneficiará a unos pocos agricultores poderosos y tecnificados, traerá consecuencias dolorosas para aquellos cuya sobrevivencia depende del campo”. Con una claridad que no compartirán el rupestre secretario federal de agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, o personajes del poder panista reciente como los rancheros Fox o Usabiaga, los obispos de la Pastoral Social señalan que esos mexicanos pobres “nunca podrán competir, en las circunstancias actuales, con los enormes subsidios que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá otorgan a sus agricultores”. Por ello “existe el riesgo real de un mayor empobrecimiento, especialmente en el medio rural e indígena, y de empujar a muchos campesinos más a abandonar el campo y a emigrar a ciudades que no están preparadas para recibirlos, o intentar llegar a Estados Unidos, que en este momento tiene un fortísimo e inhumano programa antinmigrante. Otro riesgo, que no se puede desatender, lo presenta la tentación de los cultivos ilícitos, puerta abierta a la inseguridad y a la violencia”. También señalan las posibilidades de caer en “una esclavitud estructural” al depender ahora de las grandes empresas semilleros, y defienden la importancia cultural y social del cultivo de maíz.
El párrafo tercero de ese mensaje expresa preocupación por “esta apertura comercial que, aunque beneficiará a unos pocos agricultores poderosos y tecnificados, traerá consecuencias dolorosas para aquellos cuya sobrevivencia depende del campo”. Con una claridad que no compartirán el rupestre secretario federal de agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, o personajes del poder panista reciente como los rancheros Fox o Usabiaga, los obispos de la Pastoral Social señalan que esos mexicanos pobres “nunca podrán competir, en las circunstancias actuales, con los enormes subsidios que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá otorgan a sus agricultores”. Por ello “existe el riesgo real de un mayor empobrecimiento, especialmente en el medio rural e indígena, y de empujar a muchos campesinos más a abandonar el campo y a emigrar a ciudades que no están preparadas para recibirlos, o intentar llegar a Estados Unidos, que en este momento tiene un fortísimo e inhumano programa antinmigrante. Otro riesgo, que no se puede desatender, lo presenta la tentación de los cultivos ilícitos, puerta abierta a la inseguridad y a la violencia”. También señalan las posibilidades de caer en “una esclavitud estructural” al depender ahora de las grandes empresas semilleros, y defienden la importancia cultural y social del cultivo de maíz.
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