A sus escasos 36 años de vida y sin experiencia ni talentos para ejercer ese cargo, Juan Camilo Mouriño llega a la Secretaría de Gobernación como representante personal de las empresas hispanas que ya controlan en México amplias porciones de la banca, el turismo, las telecomunicaciones, los aeropuertos, el transporte, la industria editorial, el mercado automovilístico, el de la ropa, y de manera notable el sector de la generación privada de energía eléctrica y la exploración de nuevos yacimientos petroleros. Nada más, pero nada menos. Y van por el resto.
El ascenso de Mouriño –primogénito de un prestanombre de Vicente Fox (Luis Javier Garrido dixit) que posee en el sureste 38 gasolineras, de las cuales 37 estafaron a sus clientes en 2006 (datos de la Profeco, citados anteayer por Carlos Fernández Vega)– se produce 10 días después del despido de Carmen Aristegui de W Radio (concertado por Televisa y el Grupo Prisa español, que hace los libros de texto para la SEP), pero también a dos semanas de la apertura del nuevo periodo de sesiones del Congreso, que será de consecuencias terribles para los mexicanos, y a dos meses de las elecciones en España, que tiene grandes posibilidad de ganar la extrema derecha neofranquista que elevó a Felipe Calderón al poder.
En su entrega del sábado pasado, mientras Desfiladero se preguntaba si la mordaza aplicada a Aristegui no era sino la antesala de una nueva etapa de represión, la Policía Federal Preventiva desalojaba con brutalidad a los mineros de Cananea que llevaban largos meses en huelga. Ahora, a la luz de los nuevos hechos, se comprende que la alianza espuria que se robó la Presidencia clausuró ese espacio crítico en la emisora radial más oída del país, no sólo para quitarle ruido a la designación, absolutamente ilegal, de Mouriño, sino también como parte de los preparativos que está haciendo para consumar la privatización de Pemex.
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