El estado policiaco, un paso a la vez.
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarcóticos elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional
Bajo la lupa, empresarios de casas de cambio, policías y legisladores
La lucha en contra del crimen organizado en el país ha desencadenado un sinnúmero de peticiones judiciales en busca de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas.
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarco elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), integrado, entre otros funcionarios de primer nivel, por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, y por el titular de la Procuraduría General de la República, según lo establece la Ley de Seguridad Nacional.
Durante los primeros 23 días de este año, al menos en tres juzgados federales consultados ayer por La Jornada –tan sólo en el Distrito Federal hay 18 jueces facultados para autorizar estas medidas de vigilancia–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha solicitado diez órdenes judiciales para intervenir comunicaciones telefónicas privadas.
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