Nueva York, 24 de octubre. El paquete de asistencia de seguridad de Estados Unidos para México nació con una disputa sobre su nombre, que aún no se resuelve: el apodo de Plan México que se dio durante su embarazo, y la ahora oficialmente bautizada Iniciativa Mérida. El esfuerzo de políticos de ambos gobiernos por distanciar su propuesta del Plan Colombia ya revela algunos de los problemas y críticas que tendrán que enfrentar, incluyendo la principal: ¿funcionan las estrategias de este tipo? En Colombia y en Washington eso aún está en disputa.
De hecho, el diario Los Angeles Times reportó recientemente que después de 5.4 mil millones de dólares en asistencia estadunidense durante siete años, no se ha registrado gran impacto en el flujo de cocaína de Colombia a América del Norte. Por tanto, algunos legisladores aquí promueven iniciativas para enmendar el Plan Colombia con el propósito de dedicar más recursos a proyectos de desarrollo económico “alternativo” y reformas sociales.
El Times informa que hasta ahora se ha dedicado 25 por ciento de los aproximadamente 550 millones de dólares anuales en asistencia estadunidense bajo el Plan Colombia para proyectos de desarrollo económico y reformas judiciales, pero que eso podría elevarse a 40 por ciento, ya que los aspectos “duros” (operaciones militares, interdicción, etcétera) no están rindiendo frutos.
Pero el distanciamiento del nombre Plan Colombia también tiene que ver con las severas críticas por los abusos contra derechos humanos que se han cometido en ese país por las fuerzas armadas y paramilitares ligados a ellas. De manera repetida, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre abusos cometidos en acciones financiadas por ese plan.
De hecho, Human Rights Watch (HRW) declaró hoy que el Congreso de Estados Unidos debería oponerse a la asistencia antidrogas a México, a menos que incluya condiciones firmes para detener abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. “Ayudar a México a confrontar a sus cárteles de la droga brutales es buena idea. Pero dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad abusivas de ese país no lo es”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la sección de las Américas del organismo.
De hecho, el diario Los Angeles Times reportó recientemente que después de 5.4 mil millones de dólares en asistencia estadunidense durante siete años, no se ha registrado gran impacto en el flujo de cocaína de Colombia a América del Norte. Por tanto, algunos legisladores aquí promueven iniciativas para enmendar el Plan Colombia con el propósito de dedicar más recursos a proyectos de desarrollo económico “alternativo” y reformas sociales.
El Times informa que hasta ahora se ha dedicado 25 por ciento de los aproximadamente 550 millones de dólares anuales en asistencia estadunidense bajo el Plan Colombia para proyectos de desarrollo económico y reformas judiciales, pero que eso podría elevarse a 40 por ciento, ya que los aspectos “duros” (operaciones militares, interdicción, etcétera) no están rindiendo frutos.
Pero el distanciamiento del nombre Plan Colombia también tiene que ver con las severas críticas por los abusos contra derechos humanos que se han cometido en ese país por las fuerzas armadas y paramilitares ligados a ellas. De manera repetida, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre abusos cometidos en acciones financiadas por ese plan.
De hecho, Human Rights Watch (HRW) declaró hoy que el Congreso de Estados Unidos debería oponerse a la asistencia antidrogas a México, a menos que incluya condiciones firmes para detener abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. “Ayudar a México a confrontar a sus cárteles de la droga brutales es buena idea. Pero dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad abusivas de ese país no lo es”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la sección de las Américas del organismo.
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