Integración por sometimiento

Se reunieron en Montebello, un castillo muy aislable en la provincia canadiense de Quebec, dos presidentes y un primer ministro, todos promotores de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Su acrónimo es ASPAN. Ninguno de los tres tiene la legitimidad o el permiso para comprometer a los estados que representan en un proyecto de integración: dos han llegado al poder por la vía del fraude y otro encabeza precariamente un gobierno con estrecha minoría en un régimen parlamentario; en ninguno de los tres países se cuenta con autorización legislativa ni pública sobre un ejercicio tan oneroso como el que plantea. Además de estas, hay otras anomalías en el concepto, el proyecto y la práctica.

ASPAN es una entelequia difícil de acomodar en la clasificación de las modalidades con que se reúnen los gobiernos en el ámbito mundial. No se trata de un organismo internacional, pues no surge de un tratado que le dé origen, propósito y personalidad jurídica. Como pretende compromisos que van más allá de la simple consulta y concertación, tampoco parece ser eso que se ha dado en llamar “mecanismo”, y que corresponde a reuniones entre representantes de gobiernos que se repiten en el tiempo, pero que no alcanzan la formalidad de la institucionalidad y carecen de capacidad vinculante. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la excluye de su lista de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, aunque sí incluye a la Cumbre de las Américas y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que comparten esas carencias con ASPAN.

El “mecanismo” tiene anomalías desde su denominación. En inglés le han llamado Security and Prosperity Partnership of North America; en francés Parternariat Nord-Américaine pour la Sécurité et la Prospérité, y en español Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Los dos primeros se refieren a una sociedad y el tercero a una alianza, o sea, la acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas y no, no es lo mismo, especialmente cuando se trata de estados. En efecto ASPAN, dice la SRE, “es un proceso trilateral, permanente, para una mayor integración de América del Norte, que será evaluado por los mandatarios de manera semestral”. Nada en nuestra Constitución, leyes o tratados autoriza a nadie a concertar de manera permanente ni esporádica integrar a México a ninguna otra entidad. En el proyecto nacional actual no se incluye la posibilidad de que México se convierta en algo mayor o menor o diferente de lo que es: una república federal, democrática y soberana. Por el contrario, el artículo 25 dice que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. Hasta la contrahecha Ley de Seguridad Nacional tiene por objeto la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.