A la trasnacional española el gobierno foxista le adjudicó el “contrato” más jugoso de Burgos, sin que los otros dejen de serlo: 2 mil 500 kilómetros cuadrados de territorio, con reservas probadas de gas natural calculadas en 57 mil 800 millones de pies cúbicos, distribuidos en 13 sitios localizados en esta subregión. Además, se han detectado otras 50 localidades en las que se estima la presencia de 101 mil 100 millones de pies cúbicos de reservas probables. Todo por 121.86 millones de dólares anuales durante 20 años (2 mil 437.2 millones en total, casi un millón de dólares por kilómetro cuadrado concesionado), con derecho a prórroga.
Es en este contexto que Fox y su efímero secretario de Energía “retribuyen” a Repsol, pero ante la caída del negocio boliviano el desesperado guanajuatense recurrió al gas peruano y al presidente de aquel país, Alejandro Toledo (hoy investigado por la Contraloría gubernamental por “decisiones que redundaron en contra de los intereses del Estado”, en la que la trasnacional española está involucrada), porque no podía permitir la cancelación del jugoso negocio prometido al consorcio ibérico.
Y es en ese contexto, también, que López Obrador denuncia la maniobra: Fox le pasa la estafeta a Calderón, y éste firma un contrato en 2007 con Repsol para el suministro de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural proveniente del Perú, durante 15 años, en una de las más importantes y rentables transacciones de la empresa española.
El problema es que desde agosto de 2005 la prensa europea distribuyó la noticia de que Repsol exportaría a México gas natural peruano, muchísimo antes de conocerse la respectiva “licitación” de la Comisión Federal de Electricidad (en la que la española resultó ser la única participante, como en la relativa al primer “contrato” de servicios múltiples en Burgos) y de la firma del jugosísimo contrato (número 9100005181, por un monto garantizado de 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos, y vencimiento al 31 de diciembre de 2022).
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