La Procuraduría General de la República (PGR) desestimó iniciar procesos de averiguación por las relaciones de sacerdotes católicos con narcotraficantes, ya que “el servicio que prestan es una cuestión similar al secreto profesional que ejerce un abogado”. La postura de la dependencia se da en respuesta a las declaraciones hechas anteayer por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar, en el sentido de que integrantes de organizaciones delictivas se han acercado recientemente a curas católicos para solicitarles “orientación y consejo”, con el fin de cambiar su estilo de vida. Al respecto, el prelado añadió que varios jefes del narco “han sido muy generosos” con la Iglesia católica, en alusión a las donaciones que hacen para la construcción de templos y capillas, y propuso la creación de una ley que proteja la identidad de quienes desean realmente “dejar ese oficio”.
Las inoportunas declaraciones del presidente de la CEM colocaron ante los ojos de la opinión pública una práctica inadmisible y que no es nueva en el seno de la Iglesia católica: la relación que algunos de sus sacerdotes mantienen, a sabiendas de la jerarquía eclesial, con las organizaciones criminales. La institución ha intentado defender esos vínculos con base en argumentos pueriles e inaceptables, como los que presentó el fallecido obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien en su momento aceptó la existencia de las narcolimosnas, pero dijo que éstas se “purifican” al ser entregadas con buenas intenciones. Bienintencionadas o no, lo cierto es que los curas que reciben esas donaciones pudieran estar incurriendo en algo muy parecido al lavado de dinero, lo que hace urgente que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
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