Privatización y engaño

En síntesis, la propuesta del Ejecutivo federal atenta contra uno de los fundamentos centrales del México contemporáneo: el principio de que la propiedad de los recursos naturales corresponde a la nación y que la industria energética en general, y la petrolera en particular, deben ser monopolios públicos. Si ese es el fondo, la forma es en extremo desaseada: se empieza por un promocional equívoco sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas y la pretendida necesidad de entregarle parte de él a empresas extranjeras y, sin rubor alguno, se acaba poniendo la operación política de la reforma en manos de Juan Camilo Mouriño, señalado por el conflicto de intereses en que habría incurrido como representante popular y funcionario público del sector energético, por un lado y, por el otro, contratista privado de Pemex.

Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reformas del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente para asegurar “que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional”, como se señaló en forma demagógica; para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera y continuadora.