El estado policiaco en ciernes

Hay cosas que simplemente no podemos permitir que se consumen, de ninguna manera. Una de ellas es la Ley Gestapo que, desde el mes entrante, facultará a cualquier policía a entrar a la casa de cualquiera de nosotros, a cualquier hora del día o de la noche y con cualquier pretexto, para robarse lo que se le antoje, sembrarnos armas, drogas, balas, cadáveres o lo que se le ocurra con tal de “incriminarnos”, y, si también se le antoja, llevarnos a una cárcel clandestina y mantenernos incomunicados y sin duda torturados hasta por 40 días antes de soltarnos o presentarnos a un juez.

Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías inviduales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.

Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.

¿Tratar de formar un comité de defensa de las garantías individuales, integrado por los mejores constitucionalistas del país, para que pongan sus conocimientos y todos los recursos legales que hay al servicio de esta causa? Sí, sí y sí, pero por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es la instancia que debe hacerse cargo de esta tarea? Y la respuesta es obvia: el gobierno legítimo de López Obrador debe asumir su responsabilidad, emplear sus recursos humanos, su capacidad de convocatoria y su liderazgo para impulsarla de inmediato, pero al mismo tiempo establecer vínculos con todas las luchas sociales para presentar, también en este frente de batalla, una fuerza común.