Cuando se había creído que el tratado o protocolo de Bucareli (1923-1924) —firmado por los presidentes Obregón y Coolidge, en el que México aceptaba, entre muchas otras iniquidades, que el artículo 27 de la Constitución de la República no fuera aplicable retroactivamente a los ciudadanos estadounidenses ni a sus compañías petroleras que tuvieran tierras en el territorio nacional— era lo peor y no había posibilidades de que algo nuevo lo superara, surgió, sin embargo, la llamada Iniciativa Mérida, en la que el gobierno de Calderón acepta una cuantiosa suma de dinero para mantener un estado de guerra en el territorio nacional a fin de contener, en el límite de nuestras fronteras, la creciente lucha de narcotraficantes que, coludidos con autoridades, se disputan las mejores vías para la exportación de estupefacientes que se maquilan acá por órdenes y financiamiento venido desde allá.
Es increíble que esto se acepte si en el mismo Estados Unidos es una ley sagrada que sus fuerzas militares no sean desviadas a labores policíacas porque, simple y sencillamente, ni están preparadas para ello ni la Constitución lo permite ni los resultados pueden ser positivos, toda vez que, como lo demuestra el caso de México, éstos son contraproducentes porque suscitan el encono, las complicidades, las recomposiciones de las mafias, las venganzas, las ejecuciones, la zozobra y la militarización con sus costos en presupuesto, inseguridad, obstaculización a las actividades económicas y productivas y la anarquía en su máxima expresión.
No es posible entender cómo Calderón no mide todas las consecuencias de sus decisiones. Alguien le podrá estar diciendo que diga que no tiene éxito su esfuerzo porque la sociedad es cobarde y no denuncia; la prensa es cómplice al informar de los asesinatos y los jueces son corruptos cuando el Ministerio Público depende del propio Ejecutivo. Todo menos reconocer su propia responsabilidad.
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