Con la complaciente omisión del gobierno calderonista y la de su partido, el PAN, los ejecutivos de Jalisco y de Guanajuato se refocilan en el fascistoide reto yunquista de violar, de manera impune, la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
El Cerro del Cubilete es la pugnaz trinchera favorita del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, empeñado como está en promulgar la abolición de la legalidad laica, modernizadora del país. Con un desafiante rechazo al principio republicano de la tolerancia religiosa (una de las columnas del todavía inconcluso edificio democrático mexicano), el Ejecutivo local ha participado en servicios religiosos celebrados en ese monte, emblema del sinarquismo y meca de los cristeros a lo largo de la sangrienta rebelión armada, urdida por el clero político contra las leyes y las instituciones constitucionales de la República.
Ligado en lo político y en lo económico a José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León (antiguo obispo auxiliar de Guadalajara en tiempos del cardenal Posadas), el gobernador guanajuatense, con obstinada insistencia, ha borrado las fronteras jurídicas trazadas entre sus funciones y obligaciones republicanas y su íntimo fervor religioso.
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