Nuevas y más dañinas explosiones un día antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma en San Lázaro su replanteada condición de líder social movilizador (ya no sólo metido en giras electorales y en reparto de credenciales), y a unos días de que el Zócalo capitalino vuelva a ser escenario de pasiones políticas con riesgo de violencia.
Estallidos concertados en territorio veracruzano (y tlaxcalteca) que añaden razones al miedo social y abren el paso a una mayor rigidez gubernamental no sólo (en realidad, ni siquiera) en términos de instalaciones petroleras. A un día del sexto aniversario de la tragedia de las Torres Gemelas de Nueva York persisten (crecen) las dudas acerca del verdadero origen de esas acciones oscuras y la certeza de que los gobiernos emanados de fraudes electorales y colocados en debilidad política pueden aprovechar (¿o generar?) actos de terrorismo para justificar la mano dura, disolver disidencias, convocar a concordias nacionales y beneficiar mediante contratos y concesiones reconstructoras a los entes empresariales que les llevaron al poder impugnado.
Unánime, pronto y tajante ha sido el dictamen de los diferentes gobiernos involucrados en el caso que tomó al licenciado F.C. de gira en India: fue sabotaje. Ha de suponerse, dados los antecedentes habidos en Guanajuato a principios de julio pasado, que se trata de actos cometidos por el Ejército Popular Revolucionario, que así estaría presionando para que sean presentados con vida sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron desaparecidos hace más de tres meses.
Hablar de desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales ha sido uno de los logros del calderonismo, del que obviamente no se informa a través de la cascada irritante de propaganda electrónica con que la administración federal trata de aparentar movilidad y eficacia. No puede haber eufemismos: Felipe Calderón ha reinstaurado en México la guerra sucia, de tal manera que fuerzas gubernamentales y paragubernamentales actúan fuera de la ley y con impunidad contra ciudadanos que consideran vinculados a movimientos de extrema oposición a los poderes formales.
Feliz coincidencia: Justo ayer, cuando en el Senado se discute la "reforma de seguridad" calderónica, que simplemente pide permitir detenciones SIN orden judicial, cateos SIN orden judicial, espionaje (que ya se hace SIN aprobación legal), "explotan" los ductos. Y el EPR dice que combatirá la oligarquía... ¿Explotando ductos de Pemex? ¿No la oligarquía es necesariamente privada? Y claro, quien se beneficia finalmente es Calderón, infundiendo miedo en la población e intentando forzar la aprobación de sus leyes. Igual que Bush.
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