Nueva Orleáns mexicano

Tabasco es un ejemplo de la manera como la corrupción y la politiquería han agotado la capacidad de respuesta del Estado mexicano a las necesidades apremiantes de su población. Saqueada durante décadas por pandillas priístas, de entre las que destaca la encabezada por el maratonista Roberto Madrazo, la entidad sureña hoy recibe atención menguada del gobierno federal panista porque éste sólo atina a aparentar ante medios de comunicación que puede y sabe conducir el aparato institucional pero no tiene ni oficio ni sensibilidad políticos, aparte de que sus recursos disponibles, como los de ayuda militar a los damnificados, están aplicados a otras tareas, como la protección excesiva de un presidente formal de la República que se traslada en medio de batallones y la falsa guerra contra el narcotráfico que sólo ha sido usada desde Los Pinos para “justificar” planes anexionistas que sirvan a Estados Unidos para proteger sus intereses en materia de terrorismo, migración y energéticos.

Cierto es que, a diferencia de la tardanza de George W. Bush en atender la catástrofe de Nueva Orleáns en agosto de 2005, el ocupante del cargo presidencial mexicano ha llegado con rapidez a la zona de desastre y ha producido de inmediato las gráficas que lo muestran ocupado en la atención física del problema: de las botas vaqueras del deslenguado Vicente a las botas jardineras de hule, del llenado de bolsas de dinero con que los caricaturistas muestran a Fox como beneficiario de un sexenio al llenado de bolsas con tierra para elaborar diques provisionales. Felipe y Margarita presentes en el lugar de los hechos, dispuestos a colaborar hombro con hombro con los damnificados (al menos mientras son tomadas las fotografías y los videos del caso).

Pero el problema de fondo es que las diferentes administraciones sexenales han desvalijado el aparato de respuesta a estas contingencias. Durante el foxiato la oficina de protección civil, a cargo de Carmen Segura Rangel, fue acusada de desviar mil 200 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales. Por esas travesuras, fue multada e inhabilitada para ocupar cargos gubernamentales pero, oh, la ex colaboradora del ahora combativo Santiago Creel encontró otros caminos para seguir sirviendo a la nación: es diputada capitalina por el PAN y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal comparte trinchera con su hijo, José Antonio Zepeda Segura. Así está lleno el país de funcionarios de distintos niveles y de todos los partidos que toman el erario y las facultades institucionales como fuente de enriquecimiento personal (véase la historia de gánsters panistas que se ha descubierto en Tonalá, Jalisco, con funcionarios municipales protectores del narcotráfico y extorsionadores de negocios de máquinas tragamonedas, un funcionario asesinado por denunciar esas andanzas y la sospecha de que el propio presidente municipal habría sido parte de un acuerdo criminal para eliminar al denunciante y atentar contra un regidor molesto).

Con la impunidad y la corrupción como distintivos, poco pueden esperar los mexicanos de los asomos propagandísticos de sus autoridades a las zonas de desastre. Es usual que haya revoloteo mediático para luego dejar todo a las inercias del burocratismo que acaba manipulando facturas e informes para hacer como que a la población necesitada se entrega ayuda que en realidad acaba en almacenes para ser revendida a comerciantes silenciosos o usada para campañas electorales. El Nuevo Orleáns mexicano sabe que no tiene quién le ayude institucionalmente y que, cuando mucho, recibe migajas de consolación, promesas de cara a los medios de comunicación e, incluso, regaños de presidentes formales.