Miserias del Plan México

Ayer, en el contexto de la comparecencia del secretario de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Tom Shannon, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los legisladores de la nación vecina –tanto demócratas como republicanos– criticaron con severidad al gobierno de George W. Bush por el acuerdo de asistencia militar y financiera para el combate al narcotráfico y al crimen organizado que oficialmente se denomina Iniciativa Mérida pero que es mejor conocido como Plan México, que aportará mil 400 millones de dólares en tres años al gobierno de nuestro país, y 50 millones a Guatemala, El Salvador y Honduras. En general, los reclamos del Legislativo estadunidense giraron en torno de la discrecionalidad con que se condujo la Casa Blanca durante las negociaciones que mantuvo con las autoridades mexicanas, salvadoreñas y hondureñas, principalmente por no haber proporcionado información respecto de las condiciones de distribución de los recursos. Al mismo tiempo, algunos congresistas externaron su preocupación porque los fondos fueran desviados por la corrupción que recorre los gobiernos de los países referidos. En referencia a México, el republicano Tom Tancredo aseguró que nuestro país “es en sí un cártel de droga”, por lo que “es difícil decir dónde termina el gobierno y dónde empieza el cártel”, declaración que fue calificada por su correligionaria Ileana Ros-Lehtinen como “un insulto a México y a su gobierno”.

Tales manifestaciones de rechazo en el Capitolio permiten percibir con claridad el grave error que cometió el gobierno mexicano al aceptar, de manera tan acrítica y sumisa, las condiciones contempladas en la Iniciativa Mérida, no sólo por el riesgo de que se rediten en el país los efectos del desastroso Plan Colombia –un convenio con el que guarda notables similitudes–, sino porque además los controles de su ejecución no dependen únicamente de la administración de Bush, sino también de la aprobación de un Poder Legislativo que, a juzgar por las reacciones referidas, no acaba por estar de acuerdo con su instrumentación. Del mismo modo, es por demás cuestionable que el gobierno de Felipe Calderón se empeñe en construir alianzas con una administración que va de salida en medio de una severa descomposición política e inmersa en el desprestigio internacional por la aventura bélica ilegal que emprendió en Afganistán e Irak. Por tanto, sería de lamentar que el actual equipo de gobierno pusiera en marcha un proyecto tan cuestionado por la opinión pública e incluso por algunos sectores de las fuerzas armadas, y que además está fundado en acuerdos con severas deficiencias de origen.