México vive de manera cada día más trágica la segunda parte del golpe de Estado de 2006, que ahora inicia la consolidación de la dictadura-dura mediante la supresión de algunas garantías individuales, entre ellas la que protege la inviolabilidad del domicilio. Pronto, cualquier policía, por el solo hecho de serlo o de parecerlo, podrá entrar en nuestra casa, registrarla a su antojo y robarse lo que le plazca. Ya no será necesaria para ello la orden escrita de un juez.
Bastará que los “representantes de la ley” declaren, al presentarnos (si nos presentan), que rompieron a patadas nuestra puerta y nos detuvieron mientras dormíamos en nuestra propia cama porque nos sorprendieron cometiendo un delito, el que sea, “en flagrancia”. Pero antes podrán mantenernos incomunicados durante 40 días, para inventarnos las acusaciones que les convengan, hasta forzarnos a darles la mordida que nos exijan a cambio de que nos devuelvan la “libertad”.
A partir de febrero próximo, si los ciudadanos no se movilizan para impedirlo, el régimen espurio de Felipe Calderón podrá actuar con la misma impunidad que la Gestapo en la Alemania de Hitler o la Stasi en la Alemania socialista –o cualquier otro símil que se le parezca, el Irán del sha, la Rumania de Ceaucescu, la Argentina de Videla, etcétera–, gracias a la reforma judicial que acaba de ser aprobada por el Poder Legislativo con los votos del PAN y del PRI y, lo más grave, con las dos terceras partes de los millones de votos que los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador pusieron en manos de los ahora diputados del PRD.
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