La minuta de reforma constitucional del sistema de justicia significa un retroceso en la protección de los derechos fundamentales, señalaron integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y académicos.
Resaltaron que el dictamen aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados contiene aspectos positivos, pero con los negativos su aprobación llevaría al país a incumplir los compromisos que tiene firmados a escala internacional.
Edgar Cortes, de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que esa reforma es violatoria de las garantías individuales, y que la ampliación de facultades a los agentes del Ministerio Público se ha venido aplicando en los 10 años recientes y no ha servido para mejorar la impartición de justicia.
A su vez, Humberto Guerrero, director de Incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señalaron que los legisladores hicieron caso omiso de las opiniones y propuestas que les hicieron llegar en un diagnóstico elaborado por las organizaciones civiles y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se trata de un documento que plantea una serie de modificaciones con pleno respeto a los derechos humanos, indicó.
Las reacciones al dictamen votado en el Palacio Legislativo de San Lázaro también provinieron de la CNDH, en particular de integrantes del Consejo Consultivo, quienes se pronunciaron por una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas.
Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado mexicano que pueden y deben convivir armónicamente.
Mencionaron que la reforma plantea la constitucionalización del arraigo, figura que va en contra de las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado a México, además de que pone en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.
Otros aspectos que señalaron los integrantes de la comisión y las organizaciones civiles se refieren a la facultad que se otorga a la autoridad ministerial para intervenir las comunicaciones privadas y darles valor probatorio en un juicio penal. También está la ampliación de facultades al Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
Resaltaron que el dictamen aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados contiene aspectos positivos, pero con los negativos su aprobación llevaría al país a incumplir los compromisos que tiene firmados a escala internacional.
Edgar Cortes, de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que esa reforma es violatoria de las garantías individuales, y que la ampliación de facultades a los agentes del Ministerio Público se ha venido aplicando en los 10 años recientes y no ha servido para mejorar la impartición de justicia.
A su vez, Humberto Guerrero, director de Incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señalaron que los legisladores hicieron caso omiso de las opiniones y propuestas que les hicieron llegar en un diagnóstico elaborado por las organizaciones civiles y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se trata de un documento que plantea una serie de modificaciones con pleno respeto a los derechos humanos, indicó.
Las reacciones al dictamen votado en el Palacio Legislativo de San Lázaro también provinieron de la CNDH, en particular de integrantes del Consejo Consultivo, quienes se pronunciaron por una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas.
Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado mexicano que pueden y deben convivir armónicamente.
Mencionaron que la reforma plantea la constitucionalización del arraigo, figura que va en contra de las recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado a México, además de que pone en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.
Otros aspectos que señalaron los integrantes de la comisión y las organizaciones civiles se refieren a la facultad que se otorga a la autoridad ministerial para intervenir las comunicaciones privadas y darles valor probatorio en un juicio penal. También está la ampliación de facultades al Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
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