Aprovechando sus cargos públicos, Mouriño firmó contratos con Pemex por más de 26 millones de pesos, para que su empresa, Transportes Especializados Ivancar, trasladara productos derivados del petróleo sobre las rutas Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Ciudad Madero-San Luis Potosí y Gómez Palacio-Parral.
“Mouriño pudo firmar los tres contratos con Pemex gracias a que su hermana María de los Ángeles Mouriño Terrazo le cedió ‘poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio’ (…) ante el notario público 2 de Champotón”, Campeche, de acuerdo con la nota de Enrique Méndez y Ciro Pérez Silva publicada ayer por La Jornada.
En una de las copias de ese contrato, se lee con toda claridad que lo firmaron “por una parte Pemex Refinación, representado por el ingeniero Jesús Villarreal Gallegos en su carácter de gerente de transporte terrestre, a quien en lo sucesivo se le dominará Pemex Refinación, y por la otra la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, representada por el sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo en su carácter de apoderado general, a quien en lo sucesivo se le denominará el transportista”.
Frente a la elocuencia de esos documentos, Mouriño olvidó lo que había prometido semanas atrás, cuando al llegar a Gobernación afirmó que “no dialogaría” con López Obrador sino con el Congreso en torno a la privatización de Pemex. Sin embargo, anteayer, de visita en Los Cabos, Baja California Sur, donde atendía a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en el contexto de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se tragó sus palabras.
Pálido, frío, con ojos de piedra y sin escrúpulos de ninguna clase, el favorito de Los Pinos negó que hubiese cometido tráfico de influencias al amparo de sus cargos públicos, y ofreció entregar a las autoridades competentes (?) toda la información que tiene al respecto para que ésta emita “una opinión legal”. Eso, hay que repetirlo, sucedía el jueves. Pero Mouriño no contaba con que ayer, viernes, un segundo expediente lo señalaría como culpable de haberle entregado a la petrolera española Repsol, sin licitación pública de por medio, un contrato por 16 mil millones de dólares, para que ésta le venda gas natural, importado de Perú, a la Comisión Federal de Electricidad.
A la luz de tamañas denuncias, que pintan a Mouriño como un verdadero agente de los intereses ibéricos en México, y como un coyote de alcances ilimitados, empieza a entenderse con más claridad a qué obedeció la saña del linchamiento que los medios de comunicación, orquestados como de costumbre por la batuta de Bucareli, lanzaron desde el mismo domingo, y sostuvieron a lo largo de toda la semana, en contra de los seguidores de López Obrador, tras lo que ahora resulta ser un nuevo montaje, en esta ocasión protagonizado por Carlos Navarrete y un puñado de provocadores, para tender la enésima cortina de ruido sobre los asuntos que la derecha golpista no desea que la gente conozca.
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