El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.
Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.
Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.
El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.
Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.
Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.
